ES NAVIDAD, DESDE SALTA SE ELEVA EL GRITO DE ALCORTA

Hace muchos años atrás, se elevó en la Provincia de Santa Fe el conocido Grito de Alcorta. Pasaron los años y hoy desde Salta, también se eleva el GRITO DE ALCORTA, que solicita al Gobierno Argentino que se ocupe y preocupe por todos los Jubilados y Pensionados.

Fuimos los que desde hace muchísimos años aportamos y pusimos el hombro en este País, para crecer y a través de los años cobrar no sólo dignamente sino en tiempo y forma, como corresponde.

Los jubilados y pensionados requerimos la solidaridad del Pueblo Argentino, porque no sólo estamos en emergencia económica, sino también discriminados…

Despertemos, luchemos con nuestra mejor arma, la palabra, que nuestra voz se eleve hasta los representantes de nuestro Gobierno.

Señores, es NAVIDAD, no puede volver a suceder lo que con angustia y nuestros ojos llenos de lágrimas, vimos: colas y colas de mujeres y hombres de edad avanzada, algunos con problemas de salud, al rayo del sol, con una temperatura elevada, horas y horas, frente al Banco Nación, para recibir un dinero que les corresponde.

No se olviden, los jubilados y pensionados, también votamos y aún tenemos buena memoria.

REFLEXIONEMOS: Un Rey déspota, un poder autoritario, pueden dominar al Hombre, pero, al Alma de ese Hombre, no la puede dominar nadie, nuestros sueños, nuestra voluntad y nuestra FE, nuestro ideal, está en nuestra mente y en nuestro corazón y hasta ahí

¡¡¡NO PODRÁN LLEGAR JAMÁS!!!

María Alcorta
Salta
D.N.I.: 4.086.424

A LOS JUBILADOS, ¿DE QUÉ DERECHOS HUMANOS NOS HABLAN?

La irracionalidad y la hipocresía se han instalado en las más altas esferas del gobierno, al permitir a la Sra. Hebe de Bonafini sentarse a la diestra de la Sra Presidente en un acto por los Derechos Humanos, cuando el 15 de diciembre de 2009 expresó a viva voz en la Plaza de mayo:

“¡Bolivianos de mierda, váyanse!” La Plaza es nuestra y después escuchar a la Sra. Presidente decir “que su Gobierno solo está dispuesto a dialogar, por ser enemigo del uso de la fuerza, y no saber de odios, venganzas ni rencores”.

Claro que los Derechos Humanos a los que se refiere el gobierno, para no perder su vocación necrófila, son solamente para aquellos desaparecidos jóvenes idealistas, pero se olvidan que también deben existir los mismos derechos para aquellos que defendieron nuestra identidad nacional y para los más de cuatro millones de jubilados aportantes que hicieron grande esta patria, con su trabajo contribuyendo con parte de sus salarios para poder disfrutar al final de sus vidas con una jubilación digna y su merecido 82% móvil.

Si hoy le preguntáramos, a todos aquellos que cobran la mínima o sea más del 78% del padrón si en vez de aportar durante tantos años, no hubiese sido mejor quedarse con ese dinero, nos contestarían afirmativamente, si total ahora el gobierno sin aportes ha jubilado a mas de dos millones y medio de personas con el solo propósito de aumentar la política clientelar y prebendaria.

Si agregamos a esto a los miles de inmigrantes extranjeros indigentes e indocumentados que entran en nuestro país para que le sean otorgados vivienda y planes sociales sin ningún requisito, solamente por pertenecer al Mercosur, en poco tiempo los bienes de la ANSeS, de la gente que trabajó y la que produce actualmente, serán utilizados para los subsidios y los jubilados seguirán cada vez más marginados y desprotegidos.

En la Argentina, los Derechos Humanos, son más humanos para unos que para otros.

Omar Martínez

EL INJUSTO VETO A LA LEY DEL 82% MOVIL

Las legítimas aspiraciones de los jubilados que aportaron durante toda su vida de trabajo una porción de sus sueldos para obtener una jubilación digna, fueron frustradas por el estado burocrático que desoyó el fallo de la justicia independiente y la sanción de los cuerpos legislativos.

Vuelvo al tema sobre la Ley del 82 % móvil pues recientemente el Director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, criticó a la justicia previsional por considerar que viola la ley al reconocer actualizaciones de jubilaciones que exceden el tope máximo impuesto por ley del Congreso Nacional.

Aclaró que el organismo “está obligado” a apelar los fallos judiciales que excedan esas reivindicaciones reconocidas por el denominado falla Badaro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El funcionario de la ANSES con un criterio muy estrecho no repara en la maraña de planes sociales que le permite a la Jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, gastar en forma alarmante millones y millones de dinero que favorecen a gente que no trabaja y que conforma una familia donde todos son favorecidos por algún plan que para nada contempla el trabajo honrado.

Simplemente son los privilegiados de un reparto demagógico y que sienta el precedente que se puede vivir sin trabajar, negando así la cultura del trabajo. Pero también hay que agregar que esos favoritismos los realizan tomando el dinero de los jubilados de la ANSES.

Aún los jubilados no se reponen de la injusticia de haber vetado, la Señora Presidente la ley que equipara la jubilación al 82 % móvil del salario mínimo que actualizaba el resto de haberes de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y sancionada por los cuerpos legislativos horas antes.

Esto lo dije en un comentario con fecha 24 de octubre de 2010. Afirmé con pruebas que había dinero para financiar el 82 % móvil a los jubilados y a modo de reproche cité que graciosamente la Jefa de Estado ha incorporado con categoría de jubilados o pensionados a millones de personas no contribuyentes, equiparándola con los que trabajaron toda su vida para cobrar cuando se produce el retiro sus propios aportes o ahorros. Toda justificación a negarse a pagar a los jubilados el 82 % móvil, que invocó el gobierno de la Nación para vetar la ley, no obstante la aprobación por el Congreso de la ley citada, la presidente desoyó la legalidad y la demostración ofrecida que se puede pagar con el propio superávit en 2010.

Recordé en oportunidad de comentar este tema que la ANSES tiene un superávit anual de veinte millones de pesos.

Pero seguir incorporando más jubilados o pensionados no contribuyentes, sumados a los dos millones ya favorecidos y repartir a manos llenas contribuciones con categoría de sueldos a otros millones que no trabajan y viven a costa de los que se esfuerzan trabajando, no es justo.

Entre esos millones de privilegiados que cobran sin trabajar –gravísimo error-, la presidente destina, además, cuarenta mil millones en subsidios a empresas amigas.

El dinero de los jubilados va a los jubilados y pensionados no contribuyentes, regalo multimillonario. Y, pensar que el filósofo-apóstol que fue Sócrates quien prefirió morir antes de desobedecer a la majestad de la ley, valoraba el trabajo, honrando su espíritu democrático se complacía en recurrir a la sentencia de Hesíodo: “El trabajo no es vergüenza; el odio sí es vergüenza”.

Sócrates destacaba la dignidad moral del trabajo, aseverando que para los hombres y las mujeres libres, el trabajo no es ninguna deshonra como tampoco lo es ejercer un oficio manual, sólo a condición de trabajar y de no ser parásito, “se puede llegar a ser sabio y justo”.

Sócrates honraba el trabajo porque reconocía en él una actividad educadora que crea conocimientos e implica la conciencia de lo que se hace y de por qué se lo hace.

Este filósofo era profundamente democrático, honró el trabajo como el diálogo que reconoce la libertad de pensamiento y de expresión, y la quiso para todos, considerándola pública y sagrada al ejercer su apostolado de despertador de conciencias al servicio de una educación política, sacrificando todo interés personal.

En estos tiempos, Sócrates criticaría el veto a la ley que equipara la jubilación más baja al 82 % móvil del salario mínimo que actualizaba el resto de haberes de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y sancionada por el Congreso.

Anunciar que otorgarán setecientos pesos por única vez -a un sector de jubilados que ganan menos que otros por diferencias de responsabilidades- es una humillación y una discriminación insoportable.

Economistas, periodistas independientes que han estudiado a fondo el tema; políticos y asesores han coincidido en las puntualizaciones que damos a continuación.

* Existen los fondos para financiar el 82 % móvil a los jubilados, solo faltó una decisión política.

* La ley del 82 % en el artículo 1 establece que el haber mínimo garantizado que establece el artículo 125 de la ley 24.241 de sistema integrado de jubilaciones y pensiones, será equivalente al 82 % del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos, por el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo, vital y móvil.

En el artículo 4 dispone un cambio en la fórmula, valga la reiteración, para el cambio actual de la movilidad jubilatoria.

Dice que será por el índice de salarios, nivel general, elaborado por el INDEC o por el índice RIPTE del Ministerio de Trabajo.

De ambos, el que resulte más conveniente para el beneficiario, aclara.

* Mediante los artículos 5, 6 y 7 se establecen el ajuste de haberes según los criterios de la Suprema Corte para los casos Sánchez y Badaro.

En el artículo 9 se aclara que estos ajustes se aplicaran hacia delante, sin derecho a la retroactividad.

* Vetar la ley, como lo ha hecho la presidente Cristina Fernández de Kirchner tiene un costo muy grande, pues al no reajustar los haberes como lo dispuso la Corte, seguirá agrandándose la deuda del Estado con los jubilados en los juicios por las retroactividades e intereses.

Se estima que a valor actual hay más de 400.000 juicios que representan un pasivo de la ANSES de $30.000 millones y esto seguirá aumentando en la medida que no se aplique la orden de la Corte.

Hoy, la ANSES paga unos $3.000 millones anuales en juicios, de los cuales un 30 % no va a los jubilados sino a los abogados previsionalistas.

* La discusión sobre financiamiento del 82 % móvil fue equivocada, pues primero debió acordarse el nivel adecuado de jubilación, respetando la legislación previsional y cumpliendo con los fallos de la Suprema Corte de Justicia para luego discutir cómo se ordena el presupuesto para garantizar los pagos.

Lamentablemente el gobierno procede al revés: Subordina el monto de las jubilaciones al estado de las cuentas públicas.

* La presidente destina 40.000 millones a subsidios para empresas amigas.
* Cumplir con la ley sobre el 82 % móvil para jubilados, es justicia a toda una vida de trabajo y ahorro.

Nadie tiene el derecho de vulnerar lo que legítimamente les pertenece.

Hay que observar cómo se usa el fondo de garantía de sustentabilidad para prestar a tasas viles y financiar la caja.

No es verdad que la plata no está, porque en realidad consta que existe y con ella se debió financiar la aprobación del 82 % móvil para los jubilados.

Se podría racionalizar el reparto de subsidios, el déficit de Aerolíneas Argentinas y los millones destinados al “Fútbol para Todos” que en conjunto representan la mitad del monto necesario para el pago del 82 % móvil.

Los fondos son de ANSES.

Son de los jubilados. Indigna ver cómo lo usan para otros fines.

Vamos a perder 400.000 juicios y así tendremos hipotecado el futuro.

La ANSES tiene presupuestados $162.220 millones para 2011. Unos $50.000 millones (35%) corresponden a gastos y prestaciones que deberían tener financiamiento propio en lugar de utilizar recursos del sistema jubilatorio.

Hay que decir a dónde va la plata de los jubilados, pues el pueblo tiene que saber la verdad y aquí transcribimos el uso y abuso del dinero de los jubilados en la ANSES.

El dinero de los contribuyentes jubilados va a las jubilaciones y pensiones que regala la Jefa de Estado; a las jubilaciones con moratoria; al desarrollo social; a la asignación universal por hijo; a las asignaciones familiares; a cubrir los déficits de las cajas provinciales; de las cajas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; al plan de regalo de computadoras; a la retención sobre haberes; a las actividades centrales; a las asignaciones familiares a jubilados; al Ministerio e Trabajo; a los ex combatientes de la guerra de Malvinas; al seguro de desempleo; a la AFIP; a las comisiones, subsidios, tarifas.

Un caso es la asignación universal por hijo –que absorbe $10.000 millones anuales- y que el gobierno ordenó por un decreto –sin poner en discusión su financiamiento- que se pague con los intereses del Fondo de Garantía de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Aún así, la ANSES tiene un superávit anual de $20.000 millones luego de pagar las jubilaciones.

Una alternativa que se plantea para asegurar la ley es reasignar ingresos y gastos.

Por ejemplo, hasta septiembre de 2010, el gasto acumulado en subsidios –fundamentalmente para empresas de electricidad y gas- sumó $32.586 millones.

En el presupuesto 2011, se prevén exenciones impositivas por $34.016 millones. Por otro lado, se calcula que se podrían recuperar $18.000 millones mediante la suba de las contribuciones patronales de las grandes empresas.

Los diarios independientes tan denostados por el gobierno nacional y sus funcionarios han realizado profundos estudios para que los jubilados y el pueblo en general tengan la verdad sobre el 82 % móvil.

Y no se equivoque con el cacareo del triunfalismo de vetar esa ley que nos traerá más pobreza.

Nélida Rebollo de Montes, Profesora y periodista, distinguida con el Premio Benefactora de la Cultura. Ingresó en la Academia Provincial de la Historia con el trabajo titulado “Mujeres de mayo y prácticas electorales de 1816”.

Con el voto unánime ingresó a la Sociedad Argentina de Escritores, institución que la distinguió con la “Pluma de Oro”, con la “Faja de Honor” y el “Gran Premio de Honor”.

Autora del libro “Nuestro Tiempo y Nuestras Razones”, que incluye artículos de su profesión periodística, afrontando la difícil tarea del comentario instantáneo sobre los acontecimientos que se suceden diariamente.

La gente valora en ellos el estudio relevante sobre el presente. El libro figura en las Universidades de Yale, de Columbia y en el catálogo online de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica.

Su Ensayo “Rosalía de Castro. Antonio de la Torre : dos testimonios de la pasión poética” fue incluido en la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela de España, en la Biblioteca Pública de Nueva York y en la Universidad Stony Brook de Nueva York de Estados Unidos de Norteamérica.

Fue galardonada, en 1986, con el premio internacional “Honoris Causa”, otorgado por la Acción Católica Argentina con sede en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica.

En el mismo año, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) la premió en el año internacional de la Paz.

Fue elegida, en 1990, “Ciudadana Ilustre” de la Municipalidad de la Capital de San Juan y condecorada, en 1994, por el Diario la Razón.

El Centro de Artistas Plásticos de San Juan la consagró, en el mismo año, “Benefactora del Arte”. Tres veces premiada, en 1997, 2001 y 2005, por ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina) y, en 1990, con el “Santa Clara de Asís”.

La Dra. Rebecca Ann Bill de la Universidad de Stanford de California, Estados Unidos, contratada por FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia de la República Argentina) consultó como fuente de de información un artículo periodístico de la Profesora Nélida Rebollo de Montes (argentina) titulado “La Suprema Corte de Justicia en la Presidencia de Mitre” y un libro del Dr. Harold J. Berman (estadounidense) de la Universidad de Cambridge y profesor emérito de la Universidad de Harvard. De ambos autores la Dra. Bill utilizó datos para su obra de investigación “Medición de la autonomía judicial. Juzgado Federal de primera instancia en lo penal de la República Argentina".

LA INFAMIA DEL GOBIERNO CONTRA LOS JUBILADOS

La ciudadanía, sus representantes y la Justicia deberían recabar del actual Gobierno que justifique debidamente las razones por las que persiste en perjudicar, casi con saña, a jubilados y pensionados que cobran beneficios superiores a la prestación mínima, utilizándolos como variable de ajuste para atender sus diferentes cometidos y objetivos políticos, a pesar que ellos, de manera regular, cumplieron en su vida laboral con las obligaciones en materia de aportes y trabajo efectivo.

Quizás lo hace para ser coherente con lo manifestado por el General Perón el 30 de noviembre de 1973 cuando afirmó que las cajas de jubilaciones fueron desfondadas por el Estado, desmereciendo en ese mismo discurso el sistema previsional estatal.

O, posiblemente, por hechos más pragmáticos, basados en que las condiciones físicas naturales de los mayores retirados garantizan una pacífica sumisión.

De no ser así, difícilmente la Primera Mandataria hubiese vetado una ley legítimamente sancionada que, entre otras buenas disposiciones, reconocía el derecho constitucional de percibir jubilaciones móviles proporcionales a los sueldos en actividad.

Luego de ese arbitrario, injusto y cruel proceder, se los vuelve a agraviar y perjudicar con una incomprensible discriminación, aunque el adicional de $500 otorgado por única vez en el próximo mes de Diciembre signifique tan solo una dádiva.

Admitiendo que todos los ciudadanos tienen idénticos derechos frente a la ley, no se justifica excluir a aquellos jubilados cuyas prestaciones superen los $1500 para también hacerse acreedores de dicho adicional graciable, suma que, vaya sea de paso, es muy inferior a la que en realidad les hubiese correspondido si se aplicara lo ordenado por la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, aunque esa suma resulte insuficiente para las necesidades de los que las percibirán, el anuncio pomposamente efectuado cumple políticamente su objetivo, al acompañarlo con la cita que favorecerá a 4 millones y medio de jubilados.

Arrogarse plenos poderes para practicar esa indisimulada discriminación es propio de un régimen autoritario que no se compadece en respetar los principios morales y éticos que dan fundamento a los proclamados Derechos Humanos, tomados por el grupo político que nos gobierna como símil de un trofeo de guerra.

Para mayor indignación de los injustamente afectados, vale recordar y tener presente que gran parte del sector que conforman los 800.000 pasivos excluidos, también fueron perjudicados en años anteriores por el Estado cuando los obligó a canjear sus acreencias previsionales por bonos encuadrados en lo que se denomina -cínicamente- “deuda pública soberana”, los que luego fueron inescrupulosamente defaulteados, considerando a sus tenedores -nada menos que a los sufridos jubilados- como si fuesen especuladores o fondos buitres; y que para mayores males, desde el año 2006 y hasta ahora, los que conservan esos bonos en pesos siguen siendo estafados por el manipuleo que el INDEC hace del CER, depreciándolos en no menos del 40% que equivalente a otro default, quitándoles la posibilidad de preservar sus ahorros al no poder mantener su capacidad de compra, como fuera comprometido en las cláusulas de las respectivas emisiones de aquellos títulos “soberanos” del Estado.

Por otra parte y hasta ahora, ya son casi 500.000 los trabajadores retirados que decidieron encarar acciones judiciales contra el Estado, dadas las arbitrarias e indebidas maniobras de la ANSeS para determinar los beneficios previsionales, consistentes en no aplicar correctamente los procedimientos técnicos, jurídicos y lo establecido por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia, como también por negarse sistemáticamente al pago de las sentencias firmes en causas terminadas, o por apelar innecesariamente sentencias ajustadas a derecho en instancias inferiores, cuestiones que hacen incurrir al país en vergonzoso incumplimiento de compromisos asumidos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA.

El gobierno no guarda escrúpulos al afirmar reiterada y falazmente que es el que más hizo por los jubilados, cuando en realidad es fácil comprobar que el 75% de ellos percibe actualmente jubilaciones mínimas, cuando antes de las dos últimas administraciones ellas no superaban el 35%, provocando el grosero achatamiento de la pirámide previsional, haciéndolos con ello víctimas de la creciente inflación, la que es ignorada y ocultada por el actual gobierno y el desprestigiado INDEC, generándoles a la clase pasiva un daño injusto, a más de alevoso.

Un capítulo aparte y no menos grave es la inescrupulosa utilización de los fondos previsionales para destinarlos a fines diferentes para los que fueron constituidos, dirigiéndolos a atender objetivos populistas, o para meros objetivos electorales, invirtiéndolos mediante cuestionables criterios técnicos de rentabilidad e intangibilidad de sus reintegros.

Opino y sostengo que si en forma perentoria y en función a la requisitoria propuesta, el gobierno no diera eficaz respuesta y solución al planteo formulado, teniendo a la vista la infructuosa reciente gestión del Poder Legislativo, el Poder Judicial debería, en su fundamental misión de controlar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, actuar de inmediato, empleando las herramientas legales que institucionalmente dispone, a fin de evitar los evidentes y gravosos daños personales y materiales que la aludida política gubernamental está ocasionando.

De ser ello posible, entonces si jubilados y pensionados y la gente que habita este país interpretará que la justicia existe y que no es un mero instituto constitucional de contemplación pasiva.

Dr. Jorge R. Castorina
DNI 4081503
Asesor de AAJA
Asoc. Argentina de Jubilados Aportantes

QUE DICEN LOS JUBILADOS DE LOS $500 QUE QUE ANUNCIO CFK

Vea el video con las respuestas.
http://www.perfil.com/contenidos/2010/11/25/noticia_0033.html

Recorri dos centros de pasivos y les preguntó sobre el plus que cobrarán con los haberes de diciembre.

consultó a jubilados de dos centros de ancianos de la Capital para conocer su opinión sobre el aumento único de 500 pesos que otorgó la Presidenta a los haberes mínimos a poco más de un mes que la misma Cristina Kirchner vetara la ley del 82% móvil.

La mayor parte de los jubilados consideraron "insuficiente" este 'bono de fin de año' o incluso que se trata de una "dádiva" para contentar a la población de la tercera edad para atenuar el descontento que generó el bloqueo a la ley que aprobó el Congreso Nacional.

"No sirve" o "necesitamos esos 500 pesos todos los meses", se quejan los más disgustados.

"El año que viene hay elecciones y esto es una jugada política", se aventuró a cuestionar otra anciana.

DIVIDE y GOBERNARAS

Cristina anunció un pago extra a jubilados de 500 pesos a través de la cadena nacional, la Presidente dijo que la medida alcanza a todos los jubilados que ganan hasta 1500 pesos y que llevará el haber "a la suma de 2.069 pesos, junto con la jubilación en este diciembre", también manifestó que "estos anuncios sociales son muy importantes en el contexto mundial que estamos viviendo, son beneficios para todos los argentinos que dieron su vida laboral a la Argentina", no mienta más Sra. Presidenta, porque sabe muy bien que está discriminando a una gran parte de jubilados que también dieron su vida laboral y fueron los que más han aportado a la caja de la ANSeS.

Como ya es costumbre, los Kirchner, siempre han beneficiado a aquellos que nunca han aportado, otorgando más de 2.500.000 jubilaciones graciables, los que otra vez han salido beneficiados por esta política de discriminación a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno, aumentando la base de la pirámide de las jubilaciones mínimas y los números no mienten:

- En el 2003 los que cobraban la mínima eran el 17% y hoy supera el 78%.
Mientras su política de genocidio continúe negándoles los derechos adquiridos, haciendo diferencias entre los jubilados para favorecer solamente a una clase de pasivos, como si los que perciben más de 1500 pesos estarían gozando de una holgada jubilación digna, jamás entenderá lo que significa la palabra justicia.

Además, seguirán haciendo caso omiso a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, lo que irá aumentando la nómina de sus víctimas, porque entre el poder, la razón y la justicia, siempre elegirá, el poder, comparando cada una de sus negativas como la actual a los clavos de un ataúd.

No podemos seguir tolerando, su principal atributo que es la confrontación permanente entre los pasivos y la recurrente irresponsabilidad de sus cotidianos discursos, por lo que me pregunto qué responsabilidad le cabe como Presidenta de la Nación, por los asesinatos que a diario comete la ANSeS a lo largo y lo ancho de todo el país al negar el dinero correspondiente a las sentencias firmes, esperando salvajemente que nuestros pobres abuelos no tengan la postrera dicha de ver concretado sus derechos, mientras existen los dineros suficientes para cumplir con el mandato de los jueces.

Mientras siga abusando de la concentración de poder, aumentado el gasto público en subsidios, planes sociales y demás prebendas, saquear las rentas publicas sin control de rendición de cuentas según su manera de entender la política con el fin de perpetuarse en el poder, ignorando la verdadera redistribución del ingreso, utilizando los dineros que no le corresponden y sin necesidad de un presupuesto, ni tampoco se interese por los derechos humanos de los adultos mayores y esta última acción de discriminación, no tenga ninguna duda que los que quedamos siempre afuera de sus dadivas, pensaremos concienzudamente frente a las urnas.

Omar Martínez
Presidente de AAJA

FALLO A FAVOR DE LOS JUBILADOS

Fallo a favor de un piso mínimo para las jubilaciones


La Justicia dispuso que el haber jubilatorio debe garantizar como mínimo el 70% del promedio de los salarios actualizados aportados en los últimos 10 de actividad.

Así lo resolvió la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social en un fallo por mayoría, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Los jueces Néstor Fasciolo y Juan Poclava Lafuente fijaron un piso mínimo en la tasa de sustitución garantizada al entender que “la adecuada proporción del haber de pasividad en relación con los ingresos ganados por el trabajador en actividad y sobre los que debió aportar, no es más que una derivación directa e inmediata del mandato contenido en el art. 14 bis tercer párrafo de la C.N. que impone al Estado otorgar los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable, a la vez que asegura el derecho a ‘jubilaciones y pensiones móviles’”.

Para los magistrados, no hay duda de que “la tasa mínima de sustitución de una prestación de vejez o de invalidez acordada con arreglo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ahora S.I.P.A.) para un trabajador dependiente no ha de ser inferior al 70% del promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos diez años a computar, es decir, la misma tasa otrora prevista por el art. 49 de la ley 18037 t.o. 1976, resultando insuficiente y confiscatorio cualquier guarismo inferior”.

“La jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral, una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por dicho servicio, razón por la cual el principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad”, agregaron los camaristas.

El juez Martín Laclau votó en disidencia al aceptar el reajuste establecido por la Corte Suprema en los fallos “Eliff” y “Badaro”, pero sin referirse al la tasa de sustitución mínima garantizada.

EMBARGAN A LA ANSeS

Embargan a la ANSeS para pagarle a un jubilado

La Justicia ordenó embargar las cuentas de la ANSeS para efectivizar una sentencia en favor de un jubilado que el organismo previsional no estaba cumpliendo.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social Lilia Maffei De Borghi, Bernabé Chirinos y Victoria Pérez Tognola revocaron un fallo de primera instancia que había resulto no embargar a la Administración Nacional de Seguridad Social.

Ellos alegaron que por la naturaleza de las deudas reclamadas y las edades de los demandantes, negar ese derecho “llevaría no a una espera en el cumplimiento de la sentencia, sino al desconocimiento sustancial” de la propia sentencia.

“Frente a los incumplimientos de la ANSeS, muchas veces la única forma de cobrar las sumas adeudadas es obtener una orden judicial de embargo”, explicó abogado previsionalista Guillermo Jáuregui.

Con estos fallos se sigue acumulando una amplia doctrina judicial en favor de los jubilados.

Pero, el principal problema es que cada jubilado que quiera pelear por sus derechos debe iniciar un juicio que, en la mayoría de los casos, demora muchos años.

CARTA ABIERTA A LA SEÑORA PRESIDENTE

Le escribo a ella, porque es inútil reclamar a los funcionarios responsables de nuestra situación.

Soy jubilado con la mínima.

Tengo 77 años.

Hace del año ‘91 que reclamo una atención digna para todos los jubilados que hemos sido puntales de la economía y el progreso del país.

Hoy no se nos respeta, no sólo como ancianos, sino como personas.

He denunciado la mala atención (como he dicho desde el año ‘91); hoy estamos peor.

Por lo menos, gran parte de jubilados de Capitán Bermúdez.

Nos pasan de un lado para otro para nuestra atención médica.

El ex fiscal Stornelli, como la licenciada Ocaña, tienen pilas de denuncias.

Lo más suave que puedo decir al momento es que fui al médico de cabecera por una afección cardíaca.

Me ordenó una consulta “urgente” con el cardiólogo.

Esto fue el 21/10/10.

El turno me lo dieron para el 20/12/10 (dos meses).

Si esto no es discriminación, explíquenme...

¿Qué es discriminación?

¿Las jubilaciones de privilegio?

Estoy considerando: si esto ocurre en un estado de derecho y democracia (cientos de niños muertos por mala alimetación, ancianos abandonados a su suerte, muertes a manos de delincuentes, falta de educación, salud, seguridad, etc.).

¿se merecerá un juicio por violación a los derechos humanos?

¿O todo este sector de argentinos no son, ni tienen derchos humanos?

Tendré que reconocer que tenemos una “justicia lista”.

Finada.

Y que el único “orgullo” que nos queda es el gay.

Ricardo S. Paolín
L.E. 6.167.896

TRAS FUERTES CRUCES, EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2011 VUELVE A COMISION

En un giro inesperado y luego de casi 14 horas de tenso debate y denuncias de compra de votos en la Cámara de Diputados, la oposición consiguió por 117 votos a favor y 112 en contra que el proyecto de ley de Presupuesto 2011 vuelva a comisión.

Los distintos bloques deberán acordar un único dictamen.

Luego la sesión continuó con otros temas que estaban en la agenda y se levantó pasadas las 3.

Ya rica en cruces, la sesión se volvió todavía más tensa luego de que dos diputadas, Cynthia Hotton y Elsa Álvarez, denunciaran que le ofrecieron comprar su voto.

Al salir del recinto, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió afirmó que "hubo Banelco, no de De la Rúa, sino de Cristina Kirchner.

La Argentina de la prepotencia ha terminado".

También pidió una cuestión de privilegio para que los diputados que “no estuvieron, que se retiraron o que fueron presionados por el gobierno” sean investigados por la comisión de Asuntos Constitucionales.

Las denuncias ocurrieron luego de que legisladores de la oposición solicitaron pasar a un cuarto intermedio para el próximo miércoles y que la votación fue rechazada.

La diputada Cynthia Hotton, de Valores para mi país, aseguró: "Me ofrecieron algo por teléfono para aprobar esto".

Así lo explicó: "Simplemente quiero contar lo que me pasó a mí, quizás esta persona lo hace por presión y no quiero decir quién es porque lo valoro mucho.

Pero, yo no negocio nada ni recibo nada".

En tanto, la diputada radical Elsa Álvarez afirmó que recibió "llamados para que no estuviera aquí y para comunicarse con un alto funcionario del gobierno”.

“Mi voto no está en venta”, sentenció para el oficialismo, entre aplausos de su bloque.

El diputado del Peronismo Federal Felipe Solá también sostuvo que "diputados de distintos bloques recibieron ofertas".

El jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, fue el encargado de contestar a las denuncias, que consideró una "farsa" para “excusarse por una votación que la oposición consideraba ganada”.

“No hay que victimizarse cuando a uno no le salen las cosas”, dijo. "¿Cómo hacemos para creer que no quieren poner palos en la rueda?

Venimos a votar el presupuesto, no hay otra discusión", sostuvo.

Previamente, la oposición cruzó acusaciones por el quórum que logró el oficialismo para tratar el proyecto en el recinto de Diputados.

"Sigue vigente el Pacto de Olivos", declaró Pino Solanas.

El titular de Proyecto Sur cargó contra la UCR y PRO por facilitar el quórum para habilitar la discusión.

"Hay peleas por afuera pero por abajo hay acuerdos. La UCR llegó a un acuerdo con el oficialismo", sostuvo.

La oposición de la Cámara de Diputados fracasó en las primeras horas de hoy en su intento de pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 12.30 en el debate del proyecto de Presupuesto 2011.

La postergación del debate fue solicitada por el presidente del bloque del Peronismo Federal, Felipe Solá, y en la votación, el oficialismo, que pretendía continuar hoy con el debate, se impuso por 113 votos a 107 al denominado Grupo A, en tanto que los diez diputados de Proyecto Sur se abstuvieron.

Todavía no está asegurado que el oficialismo logre los votos suficientes para aprobar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo sobre el Presupuesto 2011.

Se prevé que la votación se realice alrededor de la medianoche.

Mientras tanto se están llevando adelante múltiples negociaciones delineando un final con bandera abierta.

Hay 3 dictámenes por votar.

El primero, el oficialista; el segundo será el del denominado Grupo A, que agrupa al arco antikirchnerista y, por último, el de Proyecto Sur, el partido de Fernando "Pino" Solanas.

Según calculos extraoficiales, ninguna de las tres posturas lograrían, en principio, los votos suficientes para lograr la media sanción.

Una sesión larga

La chicharra de la Cámara de Diputados convocando a la sesión especial que pidió el oficialismo para tratar el Presupuesto 2011 empezó a sonar a las 12.30 y el quórum se formó con la presencia en el recinto de los bloques de la UCR, el PRO, GEN y Socialismo, pero no del Peronismo Federal, la Coalición Cívica y Proyecto Sur.

A las 12.45 había 50 legisladores presentes y comenzaron a llegar dirigentes del radicalismo y del GEN. Minutos antes de las 13, hubo quórum y con 143 diputados presentes, el titular del cuerpo Eduardo Fellner dio inicio al debate.
En el oficialismo creen que tienen los votos para aprobar el proyecto, según le anticipó a TN.com.ar un diputado kirchnerista.

Aunque la pelea es voto a voto. Patricia Bullrich, de la CC, denunció "pactos por debajo de la mesa".

El grueso de los bloques del Grupo A, que nuclea al antikirchnerismo, da debate para conseguir modificaciones al proyecto de presupuesto que envió el Gobierno, ya que estima que las pautas oficiales para el año próximo son "mentirosas" y encubren recursos que pueden asignarse, por ejemplo, para pagar el 82 por ciento móvil a jubilados.

Negociaciones

La oposición aspira a imponer su propio dictamen de minoría. Pero tampoco alcanzarían los votos para lograrlo.

Por eso las charlas entre legisladores continuan y las negociaciones se producen minuto a minuto.

En el recito se mantienen varias reuniones.

El kirchnerismo alcanzaría su objetivo de aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en tanto que logre acuerdos con bloques opositores. Algunos se deberán abstener y otros retirarse del recinto cuando sea la hora de votar.

Posturas expuestas

A lo largo de la sesión trascendieron algunas posturas respecto de la votación. Algunos bloques minoritarios le darán su respaldo al proyecto del Gobierno. Así lo harán el bloque del Movimiento Popular Neuquino (3 diputados); PJ de La Pampa (2 diputados); Córdoba Federal (2 diputados).
También se suman los bloques Nuevo Encuentro (5 diputados); de la Concertación (2 diputados); y Concertación FORJA (1diputado).
Los que votarán en contra son: la UCR, el Peronismo Federal; el Peronismo; el Socialismo, el PRO, la Coalición Cívica; interbloque Proyecto Sur, GEN. Además, se sumarán algunos bloques provinciales. Todavía no hay nada definido.

RANDAZZO RESPONSABILIZO A LOS EMPRESARIOS POR LA INFLACION

El ministro del Interior Florencio Randazzo reconoció la suba de precios en productos de la canasta básica, pero responsabilizó a los empresarios por la inflación.

"No hay duda que hay algunos incrementos de precios, como la carne", dijo, pero señaló:

"Parte del empresariado rápidamente apela al incremento de precios en vez de aumentar la oferta de bienes y servicios".

El ministro del Interior exigió a los empresarios que “aumenten la oferta de bienes y servicios y no aumentar los precios" de la canasta básica.

"Hay algunos incrementos de precios, sí.

¿El Gobierno es quién tiene la máquina de remarcar?

No. Este Gobierno tiene superávit comercial, un tipo de cambio administrado y previsible", señaló.

"Tenemos una emisión responsable que tiene que ver con el sostén del mercado interno. Tenemos récord de exportaciones.

Me parece que hay una cultura empresarial que ante una nueva demanda de una economía que crece, aumenta los precios en lugar de aumentar la oferta. Acá lo que hay que hacer es invertir", indicó.

Ante la pregunta de si "¿reconocer la verdadera medición en el INDEC no hubiera sido mejor para enfrentar el problema?", Randazzo respondió:

"Es un tema que ya no tiene sentido.

Tenemos que apuntar a quienes aumentan los precios".

"Si la inflación sería la que dicen las consultoras privadas no estaríamos ante tasas de créditos de 15%.

El negocio entonces sería sacar créditos", dijo.

"La clase media sufre la inflación porque se produjo en los 90 una concentración de primeras marcas en grupos monopólicos y oligopólicos que establecieron los precios del mercado", argumentó.

PARA BOUDOU LOS CAMBIOS AL PRESUPUESTO "SON INSUSTENTABLES Y EXPLOSIVOS"

El ministro de Economía, Amado Boudou, dio una conferencia de prensa para oponerse a los cambios que impulsó la oposición en el proyecto de Presupuesto 2011.

Dijo que sólo buscan desfinanciar el Estado y que las modificaciones paralizan la inversión en obra pública.

"Esto sería desvastador", aseguró por la pérdida de empleo.

"Hay 7.400 obras en ejecución, entre ellas 27 hospitales", señaló Boudou, que apuntó contra los dictámenes que firmaron "el Grupo A", como lo llamó, y Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas.

"El dictamen del grupo A tiene toda la nostalgia de los años 80, debilitando el mercado interno. Insustentables y explosivas", advirtió.

Boudou dedicó un capítulo a criticar los cambios impulsados para financiar el 82% móvil a los jubilados.

"El partido de Pino Solanas auspicia un default selecto a la Anses, es una burrada", dijo. "La verdad es que parece una timba.

Le estamos pidiendo a la oposición que tantas veces dijo que quiere colaborar que lo haga de verdad".

Criticó los dictamenes de minoría de Presupuesto impulsados por la oposición y dijo que su aprobación "sería como tirar por la borda las mejoras alcanzadas hasta el momento".

"Las políticas presupuestarias han permitido que nuestro país alcance la soberanía y se garantice la gobernabilidad política", afirmó.

Pidió que sea aprobado el proyecto que envió el Ejecutivo. A su lado, el diputado nacional Agustín Rossi, presidente del bloque oficialista, dijo que es "ilógico irracional que el Presupuesto sea distinto al que propone la Presidenta.

Si la oposición quiere un nuevo Presupuesto debe ir a las elecciones y ganarlas", lanzó.

El senador Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque kirchnerista, le hizo un pedido especial a la UCR.

"Que no le ate las manos a la Presidente", dijo.

LENGUARAZ PAYASO

Una verguenza lo que anunció el jefe de gabinete y lo dicho por la presidente.

El Estado y Argentina no se suicidarán por la sanción del 82% móvil a favor de los millones de jubilados, olvidados durante décadas por todos los gobiernos, sino por el despilfarro descomunal de los miles de millones de dólares malgastados en políticas prebendarias y clientelistas, en la fiesta de subsidios, en las indemnizaciones de cientos miles de dólares mal pagadas a miles de personas y demás irregularidades que en conjunto provocan este presente.

El 82% móvil para quienes trabajaron toda su vida no será el responable de que el Estado se funda sino la mala gestión y la mala disposición de los recursos del Estado.

Tampoco constituye argumento que otros países hagan una política distinta aunque sea verdad sino que lo importante es hacer lo que es justo y la sanción de esta ley es un acto de justicia.

Pero es triste el papel presidencial expresándose con un lenguaje vulgar, victimizándose cuando no es víctima de nada sino que está habitando un país que intenta aprender a vivir en democracia, misión difícil, pero con hechos como el ocurrido con la resolución 125 y este del 82 % móvil pareciera que estamos aprendiendo a convivir en un estado democrático.

Por supuesto que para llegar al ideal falta mucho todavía, pero si la presidente y sus funcionarios cada vez que pierden una votación en el Congreso hacen un teatro anunciando suicidios, quiebras, tragedias, golpes e insultan a los opositores, no solo aportarán nada sino que perjudican a la democracia además de su imagen personal, porque cada vez más Argentinos advierten cuándo les dicen la verdad y cuándo no.

Y EL 82%... ¿ QUE PASO ?

¿Si ahora están en funciones y NO CUMPLEN, que barbaridad nos van a prometer para el futuro, si ya no les queda una pizca de honor?

Nuestros funcionarios y representantes en el Congreso, tienen pésima memoria y además son tontos, puesto que el gobierno con la implantación por ejemplo del tema del papel prensa, cambiaron las prioridades de los tratamientos de leyes.

Les recuerdos a estos parásitos de brazos engrasados, que el hambre y las enfermedades de los chicos y grandes, pobres no pueden esperar a que ellos se les ocurra tratar leyes.

Yo tengo hambre hoy.

Yo estoy enfermo hoy.

Como hacen los chicos para alimentarlos en los ranchos con vinchucas, sin agua, sin luz, sin puentes y descalzos?

No sean canallas.

En la Capital 20 alumnos del secundario paralizaron 23 colegios y miles de chicos se quedan sin estudiar, porque por ejemplo no tienen calefacción …

En el campo, escuelas al aire libre, sin baños, sin calefacción, sin luz, sin gas, sin baños ni puertas

¿Qué tienen que hacer? Paralizar el país.

Es como tratar de poner en marcha un avión sin combustible, no tienen, no hay presupuesto, no volamos, estamos totalmente a la deriva, nos mataron nuestra vocación, entrenamiento y están destruyendo nuestras Instituciones.

El sin vergüenza de Echegaray, Presidente de Anses, tiene entre familiares y amigos 40 personas que cobran entre $ 8000 y $ 40.000 de sueldo y el total anual suma más de $ 4.000.000, como justificar esto, a parte de las coimas y negociados de esa Institución, perfectamente demostrado y comprobado como ninguna.

Admirable, les cuento, voy al súper por las compras, el Kg. de espárragos $ 79.00, el Kg. de durazno $ 30.00. No hay inflación.

En la Mesopotamia el Kg. de citrus al productor le pagan $0.10, sigo sin entender, alguien se queda con el vuelto.

El estratega Moreno, fundió la fabrica Massuh, ahora quiere hacerse cargo de los frigoríficos cerrados por falta de carne, tiene la fórmula mágica para sacarlos adelante, es un genio, mientras tanto 15.000 empleados se quedaron en la calle, etc., etc.

Parezco negativo, lo estoy, nos están desbastando. Se vienen las elecciones y nuestros representantes, en lugar de dedicarse a full a los problemas del pueblo, planean su campaña para 2011.

¿Si ahora están en funciones y NO CUMPLEN, que barbaridad nos van a prometer para el futuro, si ya no les queda una pizca de honor?

SEÑOR Nuestro Dios, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.

Antonio J Sesin

LO QUE ESTA EN DEFAULT ES EL BOLSILLO DE NUESTROS JUBILADOS

Según el diputado nacional, la Presidenta caería “en un error de profunda indignidad” si veta el aumento del 82% para las jubilaciones porque “sabe perfectamente” que se puede financiar este aumento.

El diputado nacional Claudio Lozano fue uno de los principales impulsores del dictamen de minoría que impulsó el aumento de las jubilaciones al 82% del salario mínimo.

En el planteo de este grupo de legisladores de centroizquierda, el aumento se debía instrumentar restituyendo las contribuciones patronales para las grandes empresas al nivel del año 1993.

Este grupo de diputados dio quórum para el debate en la Cámara baja y se abstuvo en la votación general del proyecto de la mayoría de la oposición, que finalmente se impuso.

Según Lozano, “la Presidenta incurriría en un error de profunda indignidad” si lo votado también avanzara en el Senado.

En diálogo con Clarin.com, el diputado señaló que “no sería justo que la Presidenta vetara, debería garantizar un acto de absoluta justicia”, indicó.

Y expresó que “lo que está en default es el bolsillo de nuestros los jubilados”, en respuesta a los dichos presidenciales de que si se pagara el 82%, se entraría en default en tres meses.

Para Lozano, “con 890 pesos al mes (que cobran algunos jubilados) no se les pueden pedir que esperen, cuando los recursos ya existen” y criticó “los planteos solemnes que invocan determinados funcionarios para decir que esto no se puede hacer”, agregó.

El diputado de Proyecto Sur manifestó que “todos sabemos que el ANSES viene siendo una caja auxiliar del Tesoro nacional” pues se ha transformado “en una fuente de recursos que el Gobierno no quiere perder”, aseguró.

El legislador explicó que “no sólo es un reclamo absolutamente justo sino que existen condiciones y posibilidades para llevarlo adelante” y disparó que “el argumento que se suele blandir diciendo que no existen recursos es un argumento tonto”, dijo a Clarin.com

Lozano criticó el discurso oficial sobre la falta de recursos, al decir que “los recursos siempre están, a no ser que existan otras prioridades, heredadas o decididas por el presente Gobierno”. Y aclaró que “lo que se está discutiendo es un reordenamiento de las prioridades en la asignación de los recursos públicos”, subrayó.

Para el legislador nacional, “lo que se está diciendo es que el ANSES, en lugar de ser fuente de financiamiento de la política económica del Gobierno nacional, lo que debe ser es resolver la cuestión previsional y los haberes de los jubilados de la República Argentina”, aseveró Lozano.

De todos modos, aún resta ver cuál es la suerte que correrá en el Senado lo aprobado en la madrugada del jueves en la Cámara baja.

Y si el mecanismo de presión oficialista funciona más que la responsabilidad y la propia conciencia de cada senador nacional.

Pablo de León

DESTINO Y LÓGICA DE UN MODELO FRACASADO

Cómo el kirchnerismo destruyó todas las "cajas"

A toda marcha avanza la administración Kirchner.

Como un toro enceguecido en las fiestas de San Fermín, el modelo "K" amenaza con llevarse años de esfuerzo, por atropello.

A su paso, va echando mano en cuanta caja vea dinero disponible.

El gobierno, en los últimos días, se hizo de una masa de recursos de los organismos descentralizados para poder atender el monumental gasto público.

Por un lado, asesta otro golpe a los excedentes de la ANSES, mientras le niega a los jubilados el 82 por ciento móvil y carga sobre las espaldas del organismo cada vez más planes de subsidios sociales.

Por otro lado, el Banco Central fue obligado a transferir al Tesoro unos 3.000 millones de pesos, provenientes de ganancias ficticias.

Se trata de un mero cálculo contable mediante el cual, se toma como ganancia la revalorización de los títulos sin su realización, lo cual transforma a esa rentabilidad en expectativa hasta tanto se lleve adelante su realización.

Aun resta por transferir, unos 19.000 millones de pesos hasta fin de año, para cubrir sus desaguisados.

Sin embargo, el gobierno tiene en la mira el sillón de Marcó del Pont quien a esta altura ya no cuenta con instrumentos para esterilizar la explosión monetaria y poco puede hacer para neutralizar la presión de la Casa Rosada para asfixiar el patrimonio neto de la entidad. Y el gobierno va por más.

Hasta fin de año, el BCRA podría girar unos 8.000 millones de pesos en concepto de adelantos transitorios.

Pero todo es cuestión de esperar hasta fin de septiembre cuando Marco del Pont culmine el actual mandato al frente del BCRA.

Seguramente, y a partir de algunos cortocircuitos con los Kirchner, la autoridad monetaria será comandada por un "ultra K". Graciela Ciaganoto postula la Presidenta, mientras el ministro Amado Boudou -cada vez más resistido por Néstor Kirchner-, impulsa al hiper convertible, Guillermo Nielsen, ex-lavagnista y ex-embajador en Berlin.

El festival parece no tener fin.

Mientras el modelo convalide la actual política cambiaria que en los hechos implica un seguro de cambio, para los que se apropian de los altos rendimientos de los títulos públicos, los excedentes de dólares de exportación serán absorbidos con mayor emisión.

Se calcula que de continuar este ritmo, la expansión de la base monetaria alcanzará al 50 por ciento durante 2010, para lo cual habrá que contar con un soldado kirchnerista en el BCRA.

Va a ser difícil la absorción de esa masa monetaria a través de las LEBAC y NOBAC, en especial, cuando enfrentan una baja de tasas.

Ante semejante panorama, Marco del Pont volvió a los claustros académicos y se convenció que todos los caminos conducían a una suba de tasas indirecta, mediante un aumento de los encajes.

En los hechos, esto implica enfriar el consumo de tecnología obsoleta a precios altísimos y pinchar la burbuja ilusoria que construye Kirchner de cara a sus planes para 2011.

Todo debe ser felicidad en el reino kirchnerista, reza la liturgia oficial.

Pero por más política que se quiera meter en el medio, la lógica económica va llevando al país a un destino inevitable y de no mediar una esterilizacion de fondos, el estallido inflacionario aguarda al final del camino.

El destino del modelo.

Peor aún.

Con un tipo de cambio anclado, la inflación será en dólares altísima y allí comenzarán a arreciar los efectos contra el nivel de empleo.

En los comienzos, el modelo logró bajar el desempleo merced a los devastadores efectos de la devaluación.

Ahora, el modelo hará explotar la inflación y el desempleo en medio de un año electoral.

Con inflación y desempleo, habrá tensión social, y habrá que devaluar para volver las cosas a su cauce. Con devaluación, se intensifica la fuga de capitales y se corrigen los desvíos monetarios, al tiempo que se licua el gasto público.

Pero hay más pobreza, miseria, marginalidad social y crimen. La lógica del modelo.

Volver a empezar.

Miguel Ángel Rouco
DYN

LADRONES

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http://www.facebook.com/video/video.php?v=1178029608584

LA ARGENTINA EN “DEFAULT”

Sra. Presidente:

Es muy triste para el pueblo argentino ver como cae la imagen de la investidura presidencial.

Usted como Presidente electa debería guardar un mínimo de decoro y expresarse con la debida seriedad cuando hace uso de la palabra como mandatario de todos los argentinos.

Digo esto, porque salvo que estuviese en estado de ebriedad, podría Ud.
aseverar seriamente que en tres meses Argentina entraría en default si el Congreso aprobara el pago del 82% móvil a los jubilados a través de una ley.

Quiero pensar para bien de mi Patria que Ud. es abogada y que su título no es “trucho” como muchos aseguran.

Si es así, debería conocer el buen uso de la semántica, por lo tanto, debe saber que la palabra DEFAULT tiene el significado de dejar de pagar = no honrar las deudas.

Si pensara un poco antes de abrir su boca para hablar, se daría cuenta de que, con respecto a los jubilados, la Argentina ya hace muchos años que entró en default; no sólo deaulteó a los jubilados y pensionados, a los cuales les violan sus derechos constitucionales robándoles parte importante del mínimo sustento que tienen para vivir, sino también entró en default con muchos argentinos llamados ahorristas, que confiaron en las leyes de nuestro país y les quitaron sus ahorros, sin que todavía obtuvieran en muchos casos su devolución.

La República Argentina entró en default con toda nuestra sociedad; con los niños a cuyos padres les quitaron sus trabajos dignos; con los jóvenes a los que les roban la esperanza y el futuro y con aquéllos que tienen la suerte de estudiar y recibirse debiendo emigrar a otros países a buscar posibilidades que aquí se les niegan gracias a brillantes gobiernos -como el suyo y el de su querido esposo-.

Sra. Presidente, discúlpeme usted, pero gobernar no es mentirse a sí mismo; gobernar es crear las condiciones para que nuestro pueblo goce de plena felicidad y bienestar.

El Preámbulo de nuestra Constitución le exige a usted, como gobernante, “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos los Argentinos”…

Ésa es su misión y no la cumple.

Quisiera recordarle que grandes estadistas definieron qué es gobernar.

Domingo F. Sarmiento: “gobernar es educar”…

Fíjese usted cómo está hoy la educación y tendrá su respuesta;

para Juan B. Alberdi, “gobernar es poblar”…

y usted y su marido han despoblado al campo argentino;

y para Juan D. Perón, “gobernar es crear trabajo”…

y su gobierno y el de su esposo lo único que crearon fue la pobreza y el subsidio instalando la “vagancia”.

Me gustaría saber quién gobierna... para poder decirle que, gracias a sus buenos oficios, ya hace rato que Argentina entró en default e incomprensiblemente esa deuda que rotundamente se niegan a pagar nuestros políticos o gobernantes es la que tienen todos ustedes con todo el Pueblo Argentino…

¿No le parece?

Rubén Gioannini
DNI 8.706.223
Movimiento Patriótico Nacional Provisional

SENADO:

¿30 millones de dólares para evitar la sanción del 82% móvil?

Los bancos que lucran con los fondos del ANSES, los primeros interesados.

La coalición oficialista del Senado, integrada por el bloque del Frente para la Victoria y los senadores cooptados para varias votaciones anteriores está en ebullición.

Ahora querrían “plata viva” y basta de favores personales y viejos acuerdos.

El aumento de las pretensiones tendría que ver con la certeza de que el gobierno está atemorizado por una posible sanción de la ley del 82% móvil, que obligaría a CFK a vetar por tercera vez una ley.

Los casos anteriores fueron los vetos a la ley de glaciares y a los artículos 107 y 108 de la ley de reforma política, ambos de escaso impacto social.

Tampoco correrían en este caso las extorsiones como pinchadas telefónicas o filmaciones de asuntos delicados.

Según los cálculos políticos, si las extorsiones se hacen públicas, el senador o senadora inculpado no le serviría ya al gobierno para futuras votaciones.

Simplemente cash

Así las cosas, los votos claves simplemente hay que comprarlos sí o sí y la cifra de 30 millones de dólares que empieza a mencionarse obedece a una comparación.

La célebre Banelco que posibilitó la sanción de la ley de flexibilización laboral pagó U$S 5 millones con el dólar 1 a 1.

Multiplicado por 4 da 20 millones.

Pero la inflación en dólares del 50% influiría en que la cifra necesaria sea de alrededor de 30 millones.

Las declaraciones de la presidente en el sentido que si se aprueba la ley en tres meses estaremos en default le juegan en contra.

Ahora las mayorías móviles del Senado se cotizarían más alto y en efectivo.

Ya ni siquiera alcanzaría el generoso reparto de las delegaciones del interior de la ONCCA, que son verdaderas “cadenas de la felicidad” para distribuir prebendas para los gobiernos provinciales.

El shopping de votos en este proyecto también tiene riesgos más altos e incluso electorales.

Quemarse votando contra los jubilados no sería gratis, porque los senadores que lo hagan después podrían tener serios problemas para caminar por las calles de su provincia.

Y todo esto, naturalmente, tiene su precio.

Opciones delicadas

El gobierno está desesperado, porque el costo político del veto sería mucho mayor que correr el riesgo de que se descubra la operación de shopping o compra de votos en la cámara alta.

La fuente de financiamiento del megashopping que se pondría en marcha sería aportada por varios bancos privados de capital nacional, que están teniendo grandes márgenes de ganancias originadas en el manejo de fondos de la ANSES.

Si este organismo se viera obligado a pagar el 82% móvil derivado del caso Badaro estaría en peligro la plata de la bicicleta financiera que administran algunos bancos.

Esta situación haría que no falten los aportes privados de los propios banqueros y empresarios amigos del gobierno para frenar la sanción de la ley.

Nadie piensa el default en 90 días como dice la presidente, no sólo porque está de por medio el veto, sino también porque esta vez el shopping sería a gran escala.

Guillermo Cherashny

AL FIN UNA BUENA DERROTA K EN DIPUTADOS

La oposición logró la media sanción del 82% móvil para los jubilados

Esta madrugada los bloques opositores consiguieron imponer su proyecto que establece la suba en el haber mínimo jubilatorio por 136 votos a 89.

Le queda definir al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó en las primeras horas de hoy y envió al Senado el proyecto impulsado por el arco opositor que establece el haber mínimo jubilatorio en 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil.

El texto prevé también el cambio en la fórmula de movilidad y la recomposición de los haberes jubilatorios de acuerdo con el "fallo Badaro".

En la votación en general, realizada a las 3, los bloques opositores se impusieron por 136 a 89, en tanto que se registraron 16 abstenciones, pertenecientes en su mayoría a los bloques de centroizquierda.

La sesión, que se extendió por más de trece horas, se había iniciado a las 14.30 de ayer con la presencia de 135 diputados pertenecientes a los bloques opositores que reunieron el quórum necesario para comenzar el debate.

Los legisladores oficialistas bajaron entonces al recinto para expresar su rechazo a la iniciativa por no establecer la forma en que se financiará.

Si bien la centroizquierda prestó quórum para iniciar el debate, los legisladores de ese espacio manifestaron sus reparos al dictamen de mayoría e insistieron con la redacción de su dictamen de minoría que incluía como financiamiento la restitución del 100 por ciento de los aportes patronales rebajados en la década pasada.

Tras casi una hora de debate en particular, los autores del dictamen de mayoría consiguieron imponerlo en una votación de 121 contra 107 (con cinco abstenciones), en la que los bloques de centroizquierda se manifestaron en contra, junto con el oficialismo y sus aliados.

Al defender el dictamen, el diputado del Peronismo Federal, Mauricio Ibarra, titular de la comisión de Previsión, afirmó que los jubilados "necesitan" la sanción del proyecto para que sus haberes tengan "un correlato con el salario de los argentinos".

La postura del Frente para la Victoria fue expresada por el titular de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconatto, quien destacó que "fuimos los únicos que recuperamos el haber de los jubilados" en los últimos años y recordó que desde 2003 los salarios de la clase pasiva aumentaron "en más de 500 por ciento".

A su turno, el diputado Claudio Lozano, miembro informante del dictamen de minoría firmado por Proyecto Sur, el SI, el socialismo y el GEN, sostuvo que los recursos "alcanzan y sobran" para implementar el 82 por ciento móvil y cuestionó el dictamen de mayoría por no incluir fuentes de financiamiento.

También desde Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, consideró que con el aumento "vamos a dar un paso para acabar con esta lógica perversa que ha postergado a la clase pasiva".

Antes, el diputado Felipe Solá (Peronismo Federal), defendió el dictamen de mayoría, al considerar que "muchas reacciones son porque la idea surge de la oposición".

En el cierre del debate, el jefe del bloque del Frente para la Victoria Agustín Rossi, dijo que "somos parte de este gobierno y nos sentimos orgullosos de lo que se ha hecho en materia previsional.

El principal trazo progresista inclusivo es haber llevado la jubilación mínima de 150 pesos, en 2003, a los 1.050 que se cobrarán en septiembre".

"No nos van a llevar a un camino que termine impactando contra el sistema previsional, esta discusión es una salto al vacío", remarcó, al tiempo que endilgó a los opositores que "les importa poco el 82 por ciento móvil o los jubilados, sólo les importa darle una derrota al gobierno".

De acuerdo con el proyecto aprobado, el haber mínimo pasaría de $1046 a $1427 y quedaría fijado en 82 por ciento del salario mínimo de los trabajadores en actividad (1740 en agosto y 1840 pesos en enero de 2011), a la vez que propone modificar el índice de actualización semestral.

Asimismo, según el proyecto, se incrementarían las jubilaciones que habían quedado congeladas entre 1991 y 1995, y entre 2002 y 2006, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el denominado caso Badaro.