La coalición oficialista del Senado, integrada por el bloque del Frente para la Victoria y los senadores cooptados para varias votaciones anteriores está en ebullición.
Ahora querrían “plata viva” y basta de favores personales y viejos acuerdos.
El aumento de las pretensiones tendría que ver con la certeza de que el gobierno está atemorizado por una posible sanción de la ley del 82% móvil, que obligaría a CFK a vetar por tercera vez una ley.
Los casos anteriores fueron los vetos a la ley de glaciares y a los artículos 107 y 108 de la ley de reforma política, ambos de escaso impacto social.
Tampoco correrían en este caso las extorsiones como pinchadas telefónicas o filmaciones de asuntos delicados.
Según los cálculos políticos, si las extorsiones se hacen públicas, el senador o senadora inculpado no le serviría ya al gobierno para futuras votaciones.
Simplemente cash
Así las cosas, los votos claves simplemente hay que comprarlos sí o sí y la cifra de 30 millones de dólares que empieza a mencionarse obedece a una comparación.
La célebre Banelco que posibilitó la sanción de la ley de flexibilización laboral pagó U$S 5 millones con el dólar 1 a 1.
Multiplicado por 4 da 20 millones.
Pero la inflación en dólares del 50% influiría en que la cifra necesaria sea de alrededor de 30 millones.
Las declaraciones de la presidente en el sentido que si se aprueba la ley en tres meses estaremos en default le juegan en contra.
Ahora las mayorías móviles del Senado se cotizarían más alto y en efectivo.
Ya ni siquiera alcanzaría el generoso reparto de las delegaciones del interior de la ONCCA, que son verdaderas “cadenas de la felicidad” para distribuir prebendas para los gobiernos provinciales.
El shopping de votos en este proyecto también tiene riesgos más altos e incluso electorales.
Quemarse votando contra los jubilados no sería gratis, porque los senadores que lo hagan después podrían tener serios problemas para caminar por las calles de su provincia.
Y todo esto, naturalmente, tiene su precio.
Opciones delicadas
El gobierno está desesperado, porque el costo político del veto sería mucho mayor que correr el riesgo de que se descubra la operación de shopping o compra de votos en la cámara alta.
La fuente de financiamiento del megashopping que se pondría en marcha sería aportada por varios bancos privados de capital nacional, que están teniendo grandes márgenes de ganancias originadas en el manejo de fondos de la ANSES.
Si este organismo se viera obligado a pagar el 82% móvil derivado del caso Badaro estaría en peligro la plata de la bicicleta financiera que administran algunos bancos.
Esta situación haría que no falten los aportes privados de los propios banqueros y empresarios amigos del gobierno para frenar la sanción de la ley.
Nadie piensa el default en 90 días como dice la presidente, no sólo porque está de por medio el veto, sino también porque esta vez el shopping sería a gran escala.
Guillermo Cherashny
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