LA INFAMIA DEL GOBIERNO CONTRA LOS JUBILADOS

La ciudadanía, sus representantes y la Justicia deberían recabar del actual Gobierno que justifique debidamente las razones por las que persiste en perjudicar, casi con saña, a jubilados y pensionados que cobran beneficios superiores a la prestación mínima, utilizándolos como variable de ajuste para atender sus diferentes cometidos y objetivos políticos, a pesar que ellos, de manera regular, cumplieron en su vida laboral con las obligaciones en materia de aportes y trabajo efectivo.

Quizás lo hace para ser coherente con lo manifestado por el General Perón el 30 de noviembre de 1973 cuando afirmó que las cajas de jubilaciones fueron desfondadas por el Estado, desmereciendo en ese mismo discurso el sistema previsional estatal.

O, posiblemente, por hechos más pragmáticos, basados en que las condiciones físicas naturales de los mayores retirados garantizan una pacífica sumisión.

De no ser así, difícilmente la Primera Mandataria hubiese vetado una ley legítimamente sancionada que, entre otras buenas disposiciones, reconocía el derecho constitucional de percibir jubilaciones móviles proporcionales a los sueldos en actividad.

Luego de ese arbitrario, injusto y cruel proceder, se los vuelve a agraviar y perjudicar con una incomprensible discriminación, aunque el adicional de $500 otorgado por única vez en el próximo mes de Diciembre signifique tan solo una dádiva.

Admitiendo que todos los ciudadanos tienen idénticos derechos frente a la ley, no se justifica excluir a aquellos jubilados cuyas prestaciones superen los $1500 para también hacerse acreedores de dicho adicional graciable, suma que, vaya sea de paso, es muy inferior a la que en realidad les hubiese correspondido si se aplicara lo ordenado por la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, aunque esa suma resulte insuficiente para las necesidades de los que las percibirán, el anuncio pomposamente efectuado cumple políticamente su objetivo, al acompañarlo con la cita que favorecerá a 4 millones y medio de jubilados.

Arrogarse plenos poderes para practicar esa indisimulada discriminación es propio de un régimen autoritario que no se compadece en respetar los principios morales y éticos que dan fundamento a los proclamados Derechos Humanos, tomados por el grupo político que nos gobierna como símil de un trofeo de guerra.

Para mayor indignación de los injustamente afectados, vale recordar y tener presente que gran parte del sector que conforman los 800.000 pasivos excluidos, también fueron perjudicados en años anteriores por el Estado cuando los obligó a canjear sus acreencias previsionales por bonos encuadrados en lo que se denomina -cínicamente- “deuda pública soberana”, los que luego fueron inescrupulosamente defaulteados, considerando a sus tenedores -nada menos que a los sufridos jubilados- como si fuesen especuladores o fondos buitres; y que para mayores males, desde el año 2006 y hasta ahora, los que conservan esos bonos en pesos siguen siendo estafados por el manipuleo que el INDEC hace del CER, depreciándolos en no menos del 40% que equivalente a otro default, quitándoles la posibilidad de preservar sus ahorros al no poder mantener su capacidad de compra, como fuera comprometido en las cláusulas de las respectivas emisiones de aquellos títulos “soberanos” del Estado.

Por otra parte y hasta ahora, ya son casi 500.000 los trabajadores retirados que decidieron encarar acciones judiciales contra el Estado, dadas las arbitrarias e indebidas maniobras de la ANSeS para determinar los beneficios previsionales, consistentes en no aplicar correctamente los procedimientos técnicos, jurídicos y lo establecido por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia, como también por negarse sistemáticamente al pago de las sentencias firmes en causas terminadas, o por apelar innecesariamente sentencias ajustadas a derecho en instancias inferiores, cuestiones que hacen incurrir al país en vergonzoso incumplimiento de compromisos asumidos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA.

El gobierno no guarda escrúpulos al afirmar reiterada y falazmente que es el que más hizo por los jubilados, cuando en realidad es fácil comprobar que el 75% de ellos percibe actualmente jubilaciones mínimas, cuando antes de las dos últimas administraciones ellas no superaban el 35%, provocando el grosero achatamiento de la pirámide previsional, haciéndolos con ello víctimas de la creciente inflación, la que es ignorada y ocultada por el actual gobierno y el desprestigiado INDEC, generándoles a la clase pasiva un daño injusto, a más de alevoso.

Un capítulo aparte y no menos grave es la inescrupulosa utilización de los fondos previsionales para destinarlos a fines diferentes para los que fueron constituidos, dirigiéndolos a atender objetivos populistas, o para meros objetivos electorales, invirtiéndolos mediante cuestionables criterios técnicos de rentabilidad e intangibilidad de sus reintegros.

Opino y sostengo que si en forma perentoria y en función a la requisitoria propuesta, el gobierno no diera eficaz respuesta y solución al planteo formulado, teniendo a la vista la infructuosa reciente gestión del Poder Legislativo, el Poder Judicial debería, en su fundamental misión de controlar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, actuar de inmediato, empleando las herramientas legales que institucionalmente dispone, a fin de evitar los evidentes y gravosos daños personales y materiales que la aludida política gubernamental está ocasionando.

De ser ello posible, entonces si jubilados y pensionados y la gente que habita este país interpretará que la justicia existe y que no es un mero instituto constitucional de contemplación pasiva.

Dr. Jorge R. Castorina
DNI 4081503
Asesor de AAJA
Asoc. Argentina de Jubilados Aportantes