La iniciativa es rechazada de plano por la Casa Rosada.
La misma suerte seguiría el proyecto de ley de normalización del Indec, que cuenta con dictamen en la Cámara alta, pero cuyo debate empezaría en Diputados, donde ayer el proyecto de la oposición tuvo dictamen de comisión, luego de un fuerte enfrentamiento con el oficialismo.
El argumento esgrimido por los opositores para justificar el cambio de rumbo del proyecto sobre el 82% móvil fue que el proyecto de la Cámara baja es más completo, ya que reconoce la actualización de todo el escalafón jubilatorio y no sólo del haber mínimo.
Sin embargo, la confirmación anteayer de que la peronista disidente Roxana Latorre (Santa Fe) no avalaría el proyecto del Senado fue determinante para esta marcha atrás.
Sin ese voto y con la rionegrina María José Bongiorno (Frente Grande) en duda, el arco opositor quedó lejos de los 37 votos necesarios que le hubieran garantizado la aprobación del proyecto.
El cambio de estrategia comenzará a ponerse en práctica hoy mismo, a las 10, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en donde el conglomerado opositor de la Cámara de Diputados intentará emitir dictamen a un proyecto que es, a los ojos de la administración kirchnerista, peor que el elaborado en la Cámara alta desde el punto de vista de su costo fiscal.
Esto es así porque la iniciativa contempla las disposiciones del denominado fallo Badaro de la Corte Suprema.
En otras palabras, además de fijar la jubilación mínima en el 82% del salario mínimo, vital y móvil, el proyecto reconoce la actualización de todo el escalafón jubilatorio y la recomposición de aquellos haberes que en los últimos años quedaron excluidos de las actualizaciones otorgadas por el Poder Ejecutivo.
El cambio de escenario fue confirmado por la diputada Elisa Carrió, que ofició de vocera del encuentro de los líderes opositores celebrado ayer al mediodía en el bloque radical del Senado.
"El debate arranca por Diputados porque el proyecto es más completo, por lo que es más importante que sea Diputados cámara de origen", afirmó la líder de la Coalición Cívica.
A su lado, la senadora Laura Montero (UCR-Mendoza) avaló la decisión del grupo opositor. "Priorizamos el tema de la actualización de haberes según el fallo Badaro, que el proyecto del Senado no contempla", explicó. Del encuentro, que duró algo más una hora, participaron referentes de todos los bloques de ambas cámaras.
Además de Carrió y Montero, estuvieron presentes los diputados Paula Bertol (Pro), Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Horacio Alcuaz (Gen), Lisandro Viale (Socialista) y Silvana Giúdici (UCR), y los senadores Gerardo Morales (UCR), María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) y Norma Morandini y Luis Juez (Frente Cívico de Córdoba), entre otros.
La reunión sirvió, además, para definir la estrategia por seguir con algunos de los temas de la agenda parlamentaria que pretende impulsar la oposición. Así, otra de las decisiones adoptadas ayer en la cumbre opositora fue impulsar los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados y que todavía no empezaron a discutirse en el Senado.
Es el caso de los proyectos de modificación de las leyes reglamentarias de los decretos de necesidad y urgencia y del Consejo de la Magistratura, y la eliminación de los superpoderes presupuestarios.
Demoras
Todos estas iniciativas se encuentran demoradas en la Cámara alta, ya que fueron giradas a comisiones que, aunque tienen mayoría opositora, son presididas por el oficialismo, que puede así manejar los tiempos del debate.
Ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el kirchnerista Nicolás Fernández (Santa Cruz), comenzó a discutir los cambios en la ley de trámite legislativo, que establece el mecanismo de ratificación parlamentaria de los DNU. Sin embargo, la medida adoptada ayer no soluciona el problema de la falta de votos que tiene la oposición en el Senado, escenario que el arco no kirchnerista deberá enfrentar en algún momento.
Así, la decisión de pasar a la Cámara baja el debate del 82% móvil parece una medida destinada a comprar tiempo para ver si puede revertir esa situación.
APOYO DE COBOS AL PROYECTO OPOSITOR
El vicepresidente Julio Cobos dijo ayer que "si hay voluntad política, se podría dar prioridad" a los jubilados y pagarles el 82% móvil.
Así, Cobos recordó que el proyecto demanda entre $ 18 y 20.000 millones de pesos, que saldrían de ganancias líquidas de la Anses ($ 6500 millones), planes sociales caídos ($ 4000 millones), estimaciones presupuestarias mejores a lo esperado ($ 4000 millones) y el propio aumento que se volcaría a consumo (otros $ 4000 millones).
Por la noche Cobos visitó el partido de San Martín, donde asistió a un debate sobre justicia y seguridad en el Colegio de Abogados, junto a jueces y camaristas.
Gustavo Ybarra
LA NACION
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