El gobierno fue derrotado ampliamente en junio último por una oposición sin visión estratégica ni unidad.
Por eso el arco anti-K tardó un año en asestar el golpe que más teme el kirchnerismo:
el golpe a la caja del gasto público usado para torcer voluntades políticas y alimentar las redes clintelísticas que le garantizaron hasta en su peor momento el apoyo de por lo menos un 25% del padrón electoral.
Con el reclamo en favor de los jubilados, la oposición quiere que la presidenta Cristina Kirchner vuelque cerca de 25 mil millones de pesos en una mejora a la que nadie puede negar justicia, pero que no le paga con lealtades políticas, porque está fuera del control de gobernadores, punteros, líderes piqueteros, sindicalistas y de cualquier otra estructura que sirva como red de reclutamiento.
Para al Casa Rosada una medida así es dinero perdido.
Queda fuera del verdadero "modelo exitoso" impuesto en 2003, cuya mayor innovación consistió en trasmutar el crecimiento exponencial del gasto público en alineamiento político.
No se puede gobernar sin dinero, dicho en el más crudo lenguaje kirchnerista.
Antes de acertar con esta jugada política efectiva la oposición hizo otros intentos menos eficaces.
Trató, por ejemplo, de debilitar la influencia de los Kirchner sobre los gobernadores coparticipando lo producido por el impuesto al cheque o los aportes al Tesoro Nacional (ATN) que la presidencia administra con estricto criterio proselitista.Ninguna de esas ideas prosperó en el Congreso porque son conflictos "superestructurales", esto es, entre políticos y en la cúpula del poder, con impacto cero entre los ciudadanos de a pie.
Esa circunstancia facilitó los acuerdos a puertas cerradas con dirigentes que sacaron al gobierno de la emergencia.
La aprobación de la ley que asegure 82% del salario mínimo vital y móvil para las jubilaciones mínimas no es más factible, pero su rechazo le producirá un costo político alto al kirchnerismo.
El argumento repetido a coro por Boudou, Randazzo, Aníbal, etcétera sobre la "irresponsabilidad", la "ligereza" y la "demagogia" de quienes lo promueven no alcanza a evitar que quede expuesto ante toda la sociedad el fondo de la cuestión: en qué emplea la administración Kirchner un gasto que crece a más del 30% desde hace años.
Por qué los jubilados cobran monedas, mientras las Anses tiene superávit y sus recursos son utilizados para pésimos negocios como el barril sin fondo de Aerolíneas Argentinas o la papelera de Moreno y para financiar la poco transparente obra pública del conurbano o los subsidios que benefician a sectores de ingresos que triplican a los de la clase pasiva.
Con los índices macroeconómicos de los que el propio gobierno hace gala resulta difícil, por otra parte, alegar la carencia de recursos.
Es probable que la iniciativa parlamentaria no avance, pero con obligar a los funcionarios a negar una y otra vez en forma pública el aumento, la oposición se dará por cumplida.
Otros proyectos en los que ha avanzado mucho más en el terreno legislativo -como la reforma del Consejo de la Magistratura o la eliminación de los "superpoderes" que ya tienen sanción de la Cámara de Diputados- no generan el mismo efecto, porque las cuestiones institucionales ocupan puestos lejanos en la agenda de los sectores más numerosos.
Hasta los escándalos por corrupción, como las denuncias del embajador Eduardo Sadous ante la comisión de relaciones exteriores de Diputados, le provocan menos daño político a los Kirchner.
Allí la combinación de una mayoría opositora con medios directamente enfrentados al gobierno representa, de todas maneras, una combinación peligrosa que les conviene evitar.
Si bien el triunfo de la oposición en las urnas cumplió un año, la nueva integración del Congreso está operativa desde hace sólo cuatro meses, en los que las derrotas de la Casa Rosada se han ido repitiendo.
El curso que está tomando la situación no parece, por lo tanto, promisorio para el oficialismo.
A lo que hay que sumar el incipiente proceso electoral.
El kirchnerismo optó por reglamentar una legislación que contribuirá a encolumnar a los opositores detrás de no más de dos o tres candidatos.
Otro escenario que tampoco aparece favorable para la continuidad del "modelo".
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