El gobierno nacional rechazó en forma rotunda el proyecto legislativo de la oposición para elevar la jubilación más baja al 82% del salario mínimo, vital y móvil, y para ajustar los haberes mal liquidados durante años.
El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que el Estado no cuenta con recursos para cumplir ese cometido y dijo que "con las jubilaciones no se juega".
La respuesta a esa negativa provino del sentido común de no pocos ciudadanos que se expresaron por medio de las más conocidas redes sociales:
"¿Y si probaran dejando de robar?"
Hay mucha razón en la tan irónica como inquisidora observación de quienes, a lo largo de décadas, han visto cómo su haber jubilatorio ha ido perdiendo poder adquisitivo y ha quedado absolutamente desvinculado de los aportes previsionales efectuados durante su vida laboral y de los sueldos que perciben hoy los trabajadores activos.
Si bien los manotazos de los funcionarios gubernamentales a los fondos previsionales vienen de antaño, el actual gobierno no está en condiciones de mostrarse como un reparador de las injusticias padecidas por la llamada clase pasiva.
En los últimos años se han utilizado los recursos del sistema previsional, extraídos a las desaparecidas AFJP, como una verdadera caja política, que lejos estuvo de privilegiar el interés de quienes aportaron esos fondos para tener en el futuro una jubilación digna.
Tal como hemos señalado desde esta columna editorial más de una vez, el Gobierno maneja como propio semejante patrimonio, en ocasiones sin temor a dilapidarlo. Basta recordar que, al poco tiempo del traspaso de los fondos administrados por las AFJP al Estado, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) canceló depósitos a plazos fijos a tasas elevadas y colocó ese dinero a tasas inferiores incluso a las del mercado para que fuera destinado a financiar la compra de automóviles o heladeras.
Se convirtió así a la Anses en una suerte de banco de desarrollo que manejó con absoluta discrecionalidad y poca transparencia recursos de los aportantes al sistema previsional para financiar proyectos de dudosa rentabilidad, otorgar préstamos a empresas en problemas o, lo más común, enfrentar las necesidades fiscales del Estado.
En estos años, también, y a diferencia de lo que las autoridades nacionales pretenden hacer creer, el poder adquisitivo de los antiguos jubilados no mejoró, sino que empeoró.
Al mismo tiempo, la pirámide previsional sufrió un gran achatamiento, dado que muchos jubilados y pensionados que, en su momento, se retiraron con un haber superior al mínimo, pasaron a ganar la jubilación más baja por la falta de movilidad registrada en los primeros años del gobierno kirchnerista.
Así, mientras que en diciembre de 2002 apenas el 9 por ciento del total de los jubilados recibía el haber mínimo, hoy esa porción ha crecido hasta el 72,5 por ciento, según la Secretaría de Seguridad Social.
Esto, en parte, obedece a que se incorporó al sistema a muchas personas que obtuvieron la prestación jubilatoria merced a una moratoria, habiendo hecho pocos o ningún aporte durante su vida laboral en muchos casos.
Pero el porcentaje de jubilados que recibe el haber mínimo también se multiplicó por el injusto congelamiento que sufrieron quienes ganaban más que el mínimo.
En otras palabras, el ingreso en el sistema de personas que prácticamente no efectuaron aportes fue financiado con la fuerte pérdida de poder adquisitivo de muchos otros jubilados que hoy perciben un haber que no guarda relación alguna con lo que hoy ganarían en el mercado laboral.
Actualmente, el haber jubilatorio promedio representa aproximadamente un tercio del salario promedio del sector formal.
Frente a esta situación, a la cual se suma la enorme cantidad de sentencias para actualizar haberes jubilatorios que no se han ejecutado, es necesario que las autoridades adopten decisiones tendientes a lograr una solución.
Sin duda, la oposición sería parte del problema si no indicara de dónde deberían salir los recursos para mejorar los haberes jubilatorios.
Del mismo modo que sería burlarse de los jubilados esgrimir que no hay dinero para afrontar esos pagos, como lo han hecho funcionarios del Gobierno.
Desde luego, ni los procesos inflacionarios ni nuevos impuestos o aumentos de contribuciones patronales pueden ser la salida a un problema que el propio Estado generó.
Siempre existe, en cambio, la posibilidad de reasignar el gasto público, con el acuerdo parlamentario.
Basta recordar que, de acuerdo con estimaciones privadas, el Estado nacional gastará este año alrededor de 45.000 millones de pesos en subsidios al sector privado para mantener congeladas las tarifas de servicios públicos, para no entrar ahora en una discusión, por cierto necesaria, sobre los numerosos agujeros negros de la administración pública nacional.
Los jubilados exigen un respeto que no han recibido durante muchos años.
Cabe esperar que tanto desde el oficialismo como desde la oposición prevalezca un sensato criterio tendiente a devolverles lo mucho que se les quitó, aunque no pueda hacerse de la noche a la mañana, y un debate constructivo sobre la mejor forma de proveer los recursos para esa necesaria reparación histórica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario