jueves, 17 de mayo de 2012


EL ROBO DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS JUBILADOS



 


La admi­nis­tra­ción K está des­pil­fa­rrando los fon­dos pre­vi­sio­na­les, y pone al sis­tema jubi­la­to­rio cerca de la ban­ca­rrota. 


 El 75% de la clase pasiva cobra ape­nas 400 dóla­res y el acha­ta­miento se profundizará.



Aque­llas per­so­nas que le fal­tan pocos años para jubi­larse debe­rían pen­sar en con­se­guirse algún otro ingreso para su vejez. 


De lo con­tra­rio, cuando acce­dan al retiro, difí­cil­mente pue­dan lle­gar a fin de mes. 


¿El motivo? 


El des­pil­fa­rro de los fon­dos pre­vi­sio­na­les que está haciendo el Gobierno nacio­nal con los apor­tes patro­na­les y los fon­dos que salen del bol­si­llo de los trabajadores.


A este dia­rio le encan­ta­ría ser el por­ta­dor de exce­len­tes noti­cias, espe­cial­mente para aque­llos que, tras una ardua vida de tra­bajo, desean tener garan­ti­zado el dere­cho a gozar de una jubi­la­ción digna. 


 Lamen­ta­ble­mente, la reali­dad es muy diferente.


Hay sec­to­res del poder polí­tico que le gus­ta­ría matar al men­sa­jero, pero la ver­dad es que la res­pon­sa­bi­li­dad abso­luta le cabe al gobierno kir­ch­ne­rista que está lle­vando el sis­tema pre­vi­sio­nal a la ban­ca­rrota. 


 Los núme­ros hablan por sí solos: mien­tras que en el año 2002, antes de la lle­gada de los Kir­ch­ner a la Casa Rosada, el 33% de los jubi­la­dos per­ci­bía la mínima, actual­mente dicha par­ti­ci­pa­ción es del 75%.


Hubo un evi­dente acha­ta­miento de la pirá­mide pre­vi­sio­nal, que en reali­dad fue un ajuste monu­men­tal pagado por el bol­si­llo de los jubi­la­dos. 


Por ejem­plo, una per­sona que se jubiló hace 20 años, habiendo rea­li­zado apor­tes que le per­mi­tían ganar un haber equi­va­lente a dos jubi­la­cio­nes míni­mas, actual­mente está per­ci­biendo la mínima, ape­nas 1.687 pesos (poco más de 400 dóla­res), equi­va­lente al 33% del sala­rio pro­me­dio que cobran los tra­ba­ja­do­res activos.


La situa­ción pro­dujo una cata­rata de deman­das con­tra la Anses, que fue­ron pre­sen­ta­das por jubi­la­dos que recla­man una actua­li­za­ción de habe­res que esté en con­so­nan­cia con lo que esta­blece la Cons­ti­tu­ción, y los dis­tin­tos fallos de la Corte Suprema de Jus­ti­cia. Actual­mente, hay casi 500 mil jui­cios ini­cia­dos que hicie­ron colap­sar los juz­ga­dos fede­ra­les y cuyas sen­ten­cias son paga­das con una escan­da­losa demora por parte del Estado. Todos los días, en el país, mue­ren abue­los sin haber podido lograr que el Estado cum­pla con lo que dis­pone la Justicia.


Una jubi­la­ción mínima en la Argen­tina no llega a cubrir el costo del alqui­ler de un depar­ta­mento de dos ambien­tes en el Casco Urbano pla­tense, que difí­cil­mente se pueda encon­trar en menos de $2.300 pesos. 


Y lo que es aún más preo­cu­pante es que la situa­ción ten­derá a pro­fun­di­zarse en los pró­xi­mos años, dado la prác­ti­ca­mente nula gene­ra­ción de empleo genuino durante la admi­nis­tra­ción que hubiese mejo­rado la sus­ten­ta­bi­li­dad del sistema.


En los años ‘50, en la Argen­tina, había diez tra­ba­ja­do­res apor­tan­tes por cada jubi­lado, y actual­mente esa pro­por­ción se redujo a 1, 5 por cada pasivo. 


Esta situa­ción revela un com­po­nente con­tri­bu­tivo (habe­res menos con­tri­bu­cio­nes) insol­vente, con un défi­cit que ronda los $ 20.000 millo­nes por año, que, se estima, seguirá cre­ciendo ante la falta de gene­ra­ción de empleo genuino. 


Por eso, el sis­tema pre­vi­sio­nal recauda otros ingre­sos, pro­ve­nien­tes de impues­tos gene­ra­les (como IVA y Ganan­cias), a lo que se le suma un Fondo de Garan­tía de Sus­ten­ta­bi­li­dad (FGS), que cuenta con acti­vos pro­pios por unos $ 200 mil millones.


Con la esta­ti­za­ción de los fon­dos de los afi­lia­dos que admi­nis­tra­ban las AFJP en el año 2008, se creó el Fondo de Sus­ten­ta­bi­li­dad. 


Pero, en lugar de tener un plan estra­té­gico que ase­gure el ren­di­miento de esos fon­dos y el poder adqui­si­tivo de las futu­ras jubi­la­cio­nes, se le fue dando un uso abso­lu­ta­mente clien­te­lar. 


Por ejem­plo, con ese fondo se paga la asig­na­ción uni­ver­sal por hijo, se com­pran las net­book que se dis­tri­bu­yen en las escue­las y hasta el pro­grama LCD (tele­vi­so­res) para todos. 


Es decir, el Gobierno con­dena a los jubi­la­dos a cobrar habe­res de ham­bre para lle­var ade­lante pla­nes que debe­rían estar sus­ten­ta­dos con otros recur­sos del Estado.


Eso no es todo: en los últi­mos años los fon­dos de la Anses tam­bién se habrían uti­li­zado dis­cre­cio­nal­mente para finan­ciar cam­pa­ñas polí­ti­cas, espe­cial­mente en el Con­ur­bano bonaerense.


Pér­di­das millo­na­rias del Fondo de Garantías


La expro­pia­ción del 51% de YPF en manos de Rep­sol por parte del Gobierno está gene­rando efec­tos acaso no cal­cu­la­dos en el plan ofi­cial, uno de ellos, la pér­dida de unos US$ 500 millo­nes del Fondo de Garan­tía de Sus­ten­ta­bi­li­dad (FGS), que aglu­tina acti­vos des­ti­na­dos a finan­ciar a los futu­ros jubi­la­dos.

Las pér­di­das se pro­du­je­ron al derrum­barse las accio­nes que la Anses tiene en las prin­ci­pa­les empre­sas del país, una heren­cia de las des­a­pa­re­ci­das AFJP. 



La coti­za­ción de las accio­nes en la Bolsa local caye­ron entre 10% y 20%, y con esa pér­dida dis­mi­nuyó sen­si­ble­mente el valor del fondo pre­vi­sio­nal. Esos fon­dos, para­dó­ji­ca­mente, podrían ser­vir para sol­ven­tar la expro­pia­ción de YPF.


La Anses per­dió unos $ 2.500 millo­nes desde el lunes 9 de abril, cuando comen­za­ron los rumo­res de confiscación.


EL FGS es un fondo que es admi­nis­trado por Anses, cuya car­tera está com­puesta por diver­sos tipos de acti­vos por $ 200 mil millo­nes. Casi el 60% está colo­cado en bonos y títu­los públi­cos, naci­dos de la voca­ción kir­ch­ne­rista de finan­ciarse con fon­dos estatales.


“Una deci­sión política”


No pagar las sen­ten­cias es una deci­sión polí­tica del Gobierno. Noso­tros pro­pu­si­mos una solu­ción inte­gral que con­sis­tía en pagar las sen­ten­cia y actua­li­zar las jubi­la­cio­nes con una quita de la retro­ac­ti­vi­dad, pero el Gobierno se negó a acep­tarlo.


La reali­dad es que la solu­ción se torna cada vez más com­pleja”, le dijo a Hoy el soció­logo Ser­gio Fis­ce­lla, experto en temas pre­vi­sio­na­les, que ase­soró a la exdipu­tada María Amé­rica Gon­zá­lez en la pre­sen­ta­ción del pro­yecto. 


Y agregó: “Noso­tros nos opo­ne­mos a que las inver­sio­nes del Fondo de Sus­ten­ta­bi­li­dad se sigan haciendo en detri­mento de las con­di­cio­nes de vida de los jubilados”.


En el acha­ta­miento de la pirá­mide pre­vi­sio­nal tam­bién influyó la amplí­sima mora­to­ria pre­vi­sio­nal de los K que puso en pie de igual­dad a una per­sona con 30 años de aporte con una que no tenía nin­guno. 


En lugar de imple­men­tarse un ingreso mínimo uni­ver­sal a la vejez finan­ciado con ren­tas gene­ra­les, se hizo una igua­la­ción for­zada de los dere­chos pre­vi­sio­na­les y dejó un enorme pasivo de cara al futuro.


El sis­tema pre­vi­sio­nal y el dolor de ya no ser


Argen­tina fue pio­nera a nivel lati­noa­me­ri­cano en mate­ria pre­vi­sio­nal. Pese a que las pri­me­ras cajas pre­vi­sio­na­les por ramas de acti­vi­dad datan de prin­ci­pios del siglo XX (empe­zando por los emplea­dos públi­cos en 1904), fue a par­tir de 1944 que el sis­tema se uni­ver­sa­lizó. 


Y, obvia­mente, en esta pri­mera etapa, la exis­ten­cia de muchos apor­tan­tes y esca­sos bene­fi­cia­rios per­mi­tió la acu­mu­la­ción de cuan­tio­sos supe­rá­vit: entre 1945 y 1960 el supe­rá­vit pre­vi­sio­nal anual pro­me­dio fue equi­va­lente al 2, 7% del PBI.


Esta etapa “exce­den­ta­ria” del sis­tema pre­vi­sio­nal empezó a alcan­zar sus lími­tes una vez que el paso del tiempo fue incre­men­tando pau­la­ti­na­mente el número de bene­fi­cia­rios. Hacia fina­les de los ‘70, el sis­tema se man­tuvo prác­ti­ca­mente en equilibrio.


El pro­gre­sivo ago­ta­miento del sis­tema pre­vi­sio­nal argen­tino se debió a diver­sos fac­to­res. 


En pri­mer lugar, se pro­dujo la licua­ción de los exce­den­tes acu­mu­la­dos durante la etapa exce­den­ta­ria como con­se­cuen­cia de la colo­ca­ción de títu­los públi­cos a pla­zos lar­gos que deven­ga­ban una tasa de inte­rés real fuer­te­mente nega­tiva. 


Y luego tuvo lugar una sen­si­ble reduc­ción del cociente entre el número de apor­tan­tes y bene­fi­cia­rios, como con­se­cuen­cia de la natu­ral madu­ra­ción del sis­tema (apor­tan­tes que se van jubi­lando), sumado al enve­je­ci­miento de la pobla­ción (el por­cen­taje de la pobla­ción mayor a 65 años se duplicó entre 1950 y 1985).


Luego, en los ‘90, se crea­ron las nefas­tas AFJP, y se intro­du­je­ron cua­tro modi­fi­ca­cio­nes: ele­va­ción de 10 años en la can­ti­dad de años de apor­tes nece­sa­rios (de 20 a 30 años); aumento de cinco años en la edad jubi­la­to­ria (65 para los hom­bres y 60 para las muje­res); pasó a reque­rirse al menos tres años de apor­tes regu­la­res en los últi­mos 5 años pre­vios a jubi­larse, y el cálculo del haber ini­cial pasó a ser el pro­me­dio de los últi­mos 10 años (en lugar del pro­me­dio de los tres mejo­res sala­rios anua­les).


Este sis­tema fue una gran estafa. 


Ade­más de los cos­tos ope­ra­ti­vos extra­or­di­na­ria­mente altos (inclu­yendo la prima por los segu­ros de muerte e inva­li­dez, alcan­za­ban un ter­cio del total de los apor­tes del tra­ba­ja­dor), el endu­re­ci­miento de las con­di­cio­nes de acceso redundó en un mar­cado des­censo de la cober­tura del sis­tema y pro­dujo el incre­mento exor­bi­tante de la deuda pública nacional.


A todos estos fac­to­res, tras la esta­ti­za­ción de las cuen­tas de los apor­tan­tes que admi­nis­tra­ban las AFJP, se les sumó el des­pil­fa­rro de recur­sos de los jubi­la­dos que viene haciendo, de forma sis­te­má­tica, el kirchnerismo.

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