EL ROBO DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS JUBILADOS
La administración K está despilfarrando los fondos previsionales, y pone al sistema jubilatorio cerca de la bancarrota.
El 75% de la clase pasiva cobra apenas 400 dólares y el achatamiento se profundizará.
Aquellas personas que le faltan pocos años para jubilarse deberían pensar en conseguirse algún otro ingreso para su vejez.
De lo contrario, cuando accedan al retiro, difícilmente puedan llegar a fin de mes.
¿El motivo?
El despilfarro de los fondos previsionales que está haciendo el Gobierno nacional con los aportes patronales y los fondos que salen del bolsillo de los trabajadores.
A este diario le encantaría ser el portador de excelentes noticias, especialmente para aquellos que, tras una ardua vida de trabajo, desean tener garantizado el derecho a gozar de una jubilación digna.
Lamentablemente, la realidad es muy diferente.
Hay sectores del poder político que le gustaría matar al mensajero, pero la verdad es que la responsabilidad absoluta le cabe al gobierno kirchnerista que está llevando el sistema previsional a la bancarrota.
Los números hablan por sí solos: mientras que en el año 2002, antes de la llegada de los Kirchner a la Casa Rosada, el 33% de los jubilados percibía la mínima, actualmente dicha participación es del 75%.
Hubo un evidente achatamiento de la pirámide previsional, que en realidad fue un ajuste monumental pagado por el bolsillo de los jubilados.
Por ejemplo, una persona que se jubiló hace 20 años, habiendo realizado aportes que le permitían ganar un haber equivalente a dos jubilaciones mínimas, actualmente está percibiendo la mínima, apenas 1.687 pesos (poco más de 400 dólares), equivalente al 33% del salario promedio que cobran los trabajadores activos.
La situación produjo una catarata de demandas contra la Anses, que fueron presentadas por jubilados que reclaman una actualización de haberes que esté en consonancia con lo que establece la Constitución, y los distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, hay casi 500 mil juicios iniciados que hicieron colapsar los juzgados federales y cuyas sentencias son pagadas con una escandalosa demora por parte del Estado. Todos los días, en el país, mueren abuelos sin haber podido lograr que el Estado cumpla con lo que dispone la Justicia.
Una jubilación mínima en la Argentina no llega a cubrir el costo del alquiler de un departamento de dos ambientes en el Casco Urbano platense, que difícilmente se pueda encontrar en menos de $2.300 pesos.
Y lo que es aún más preocupante es que la situación tenderá a profundizarse en los próximos años, dado la prácticamente nula generación de empleo genuino durante la administración que hubiese mejorado la sustentabilidad del sistema.
En los años ‘50, en la Argentina, había diez trabajadores aportantes por cada jubilado, y actualmente esa proporción se redujo a 1, 5 por cada pasivo.
Esta situación revela un componente contributivo (haberes menos contribuciones) insolvente, con un déficit que ronda los $ 20.000 millones por año, que, se estima, seguirá creciendo ante la falta de generación de empleo genuino.
Por eso, el sistema previsional recauda otros ingresos, provenientes de impuestos generales (como IVA y Ganancias), a lo que se le suma un Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que cuenta con activos propios por unos $ 200 mil millones.
Con la estatización de los fondos de los afiliados que administraban las AFJP en el año 2008, se creó el Fondo de Sustentabilidad.
Pero, en lugar de tener un plan estratégico que asegure el rendimiento de esos fondos y el poder adquisitivo de las futuras jubilaciones, se le fue dando un uso absolutamente clientelar.
Por ejemplo, con ese fondo se paga la asignación universal por hijo, se compran las netbook que se distribuyen en las escuelas y hasta el programa LCD (televisores) para todos.
Es decir, el Gobierno condena a los jubilados a cobrar haberes de hambre para llevar adelante planes que deberían estar sustentados con otros recursos del Estado.
Eso no es todo: en los últimos años los fondos de la Anses también se habrían utilizado discrecionalmente para financiar campañas políticas, especialmente en el Conurbano bonaerense.
Pérdidas millonarias del Fondo de Garantías
La expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol por parte del Gobierno está generando efectos acaso no calculados en el plan oficial, uno de ellos, la pérdida de unos US$ 500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aglutina activos destinados a financiar a los futuros jubilados.
Las pérdidas se produjeron al derrumbarse las acciones que la Anses tiene en las principales empresas del país, una herencia de las desaparecidas AFJP.
La cotización de las acciones en la Bolsa local cayeron entre 10% y 20%, y con esa pérdida disminuyó sensiblemente el valor del fondo previsional. Esos fondos, paradójicamente, podrían servir para solventar la expropiación de YPF.
La Anses perdió unos $ 2.500 millones desde el lunes 9 de abril, cuando comenzaron los rumores de confiscación.
EL FGS es un fondo que es administrado por Anses, cuya cartera está compuesta por diversos tipos de activos por $ 200 mil millones. Casi el 60% está colocado en bonos y títulos públicos, nacidos de la vocación kirchnerista de financiarse con fondos estatales.
“Una decisión política”
“No pagar las sentencias es una decisión política del Gobierno. Nosotros propusimos una solución integral que consistía en pagar las sentencia y actualizar las jubilaciones con una quita de la retroactividad, pero el Gobierno se negó a aceptarlo.
La realidad es que la solución se torna cada vez más compleja”, le dijo a Hoy el sociólogo Sergio Fiscella, experto en temas previsionales, que asesoró a la exdiputada María América González en la presentación del proyecto.
Y agregó: “Nosotros nos oponemos a que las inversiones del Fondo de Sustentabilidad se sigan haciendo en detrimento de las condiciones de vida de los jubilados”.
En el achatamiento de la pirámide previsional también influyó la amplísima moratoria previsional de los K que puso en pie de igualdad a una persona con 30 años de aporte con una que no tenía ninguno.
En lugar de implementarse un ingreso mínimo universal a la vejez financiado con rentas generales, se hizo una igualación forzada de los derechos previsionales y dejó un enorme pasivo de cara al futuro.
El sistema previsional y el dolor de ya no ser
Argentina fue pionera a nivel latinoamericano en materia previsional. Pese a que las primeras cajas previsionales por ramas de actividad datan de principios del siglo XX (empezando por los empleados públicos en 1904), fue a partir de 1944 que el sistema se universalizó.
Y, obviamente, en esta primera etapa, la existencia de muchos aportantes y escasos beneficiarios permitió la acumulación de cuantiosos superávit: entre 1945 y 1960 el superávit previsional anual promedio fue equivalente al 2, 7% del PBI.
Esta etapa “excedentaria” del sistema previsional empezó a alcanzar sus límites una vez que el paso del tiempo fue incrementando paulatinamente el número de beneficiarios. Hacia finales de los ‘70, el sistema se mantuvo prácticamente en equilibrio.
El progresivo agotamiento del sistema previsional argentino se debió a diversos factores.
En primer lugar, se produjo la licuación de los excedentes acumulados durante la etapa excedentaria como consecuencia de la colocación de títulos públicos a plazos largos que devengaban una tasa de interés real fuertemente negativa.
Y luego tuvo lugar una sensible reducción del cociente entre el número de aportantes y beneficiarios, como consecuencia de la natural maduración del sistema (aportantes que se van jubilando), sumado al envejecimiento de la población (el porcentaje de la población mayor a 65 años se duplicó entre 1950 y 1985).
Luego, en los ‘90, se crearon las nefastas AFJP, y se introdujeron cuatro modificaciones: elevación de 10 años en la cantidad de años de aportes necesarios (de 20 a 30 años); aumento de cinco años en la edad jubilatoria (65 para los hombres y 60 para las mujeres); pasó a requerirse al menos tres años de aportes regulares en los últimos 5 años previos a jubilarse, y el cálculo del haber inicial pasó a ser el promedio de los últimos 10 años (en lugar del promedio de los tres mejores salarios anuales).
Este sistema fue una gran estafa.
Además de los costos operativos extraordinariamente altos (incluyendo la prima por los seguros de muerte e invalidez, alcanzaban un tercio del total de los aportes del trabajador), el endurecimiento de las condiciones de acceso redundó en un marcado descenso de la cobertura del sistema y produjo el incremento exorbitante de la deuda pública nacional.
A todos estos factores, tras la estatización de las cuentas de los aportantes que administraban las AFJP, se les sumó el despilfarro de recursos de los jubilados que viene haciendo, de forma sistemática, el kirchnerismo.
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