¡¡DIGNIDAD OFENDIDA!!

Los jubilados  argentinos, somos tristes espectadores de una preocupante actitud por parte de quienes nos gobiernan,  y que nos perjudica considerablemente, ya que ofende nuestra dignidad  y nos faltan el respeto en nuestra  condición de Adultos Mayores, al no querer reconocer nuestros derechos establecidos claramente en nuestra Constitución Nacional y en lo sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo es la inmediata restitución del 82% móvil.

 Y que nos condena injustamente a una vida de privaciones, la que en no pocas veces nos lleva la vida, es tan cierto esto, que la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intimado al Gobierno Argentino a dar cumplimiento a lo sentenciado por la justicia argentina, so pena de declararla como VIOLADORA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los Jubilados Aportantes del país, no reclamamos dádivas ni tampoco fondos del Estado, 

Reclamamos nuestros dineros aportados durante toda la vida, 

en base a una ley de jubilaciones que dice que las recaudaciones  son únicamente para el pago de los haberes a los jubilados que APORTARON, 

y que hoy el estado perverso se los apropia para incrementar el clientelismo político, 

fomentando la cultura de la vagancia y de la ociosidad, “madre de todos los males” a través de los distintos planes sociales, que todos conocemos, o la construcción de obras públicas cargadas de sospecha de sobre precios. 

Lo que ha motivado a la mesa nacional de jubilados a entablar una demanda penal por malversación alevosa de los dineros del ANSES. 

Violando la ley 46425 en su artículo 8 del fondo de garantías sustentables. 

Responsabilizando por esta maniobra a AMADO BOUDOU Y A DIEGO BOSSIO.

Los Jubilados argentinos, observamos atónitos como se desfinancia el sistema y como se pone en riesgo nuestro futuro. 

 Es por ello que “con la fuerza de los que no se resignan” Alertamos a todos los jubilados a estar atentos y estar dispuestos a movilizarnos para defender nuestros derechos y nuestra DIGNIDAD.

Justo López                                  Pedro Landa                 Dr. Gregorio Sánchez

Sec. de actas                                 Vicepresidente                   Presidente   

ES UNA VERGÜENZA 

QUE LOS JUBILADOS DEBAN TRIBUTAR GANANCIAS CUANDO LOS QUE MAS APORTARON SIEMPRE HAN TENIDO QUE PAGAR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DURANTE SU VIDA LABORAL.

CRECE LA PRESION TRIBUTARIA

Sigue el mismo tope, y deben pagar Ganancias 350 mil trabajadores más

Se sumarán al 1,5 millón ya alcanzado por el impuesto. 

El Gobierno no actualiza el límite a partir del cual se paga.

Mientras que el Gobierno sigue sin concretar la actualización del "mínimo no imponible", aumenta el número de personas que tendrán que pagar el impuesto a las ganancias. 


Así,  este año otros 350.000 trabajadores que hasta ahora no estaban alcanzados por el impuesto pasarán a pagar ganancias. 


 Y otro millón y medio que ya estaba alcanzado pasará a pagar mucho más.


El mismo efecto se hará sentir sobre unos 40.000 jubilados que desde marzo pasado empezaron a pagar ganancias que antes no pagaban y otros 200.000 que estaban pagando y pasan a tributar más.


Esto también afecta al cobro del salario familiar: hay otros 200.000 trabajadores que dejarán de cobrar las asignaciones familiares equivalentes a 400.000 chicos, porque no se ajustó la escala correspondiente.

CUANDO LAS CUENTAS NO CIERRAN

Migajas a los jubilados millones para el Gobierno

Un informe de Idesa, realizado sobre datos oficiales, reveló que los fondos de la Anses siguen siendo una de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno nacional para tapar el déficit fiscal. 

En 2011 fueron $22.699 millones mientras el Gobierno analiza aumentos de la mínima que no superarían el 15%.

 El excedente de la ANSES fue $22.699 millones (Fuente: Idesa)

• El excedente de la ANSES fue $22.699 millones (Fuente: Idesa)

El estudio de la consultora Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), conocido este lunes (30/01) sobre la base de datos oficiales alerta sobre el alarmante déficit fiscal que siguen financiando la Anses y el Banco Central de la República Argentina.

A poco de que la Presidente de la Nación anuncie un nuevo aumento en las jubilaciones mínimas que rondaría entre el 12% y el 15% (según publica el diario Clarín), los excedentes de fondos del Anses siguen teniendo como prioridad los préstamos al Estado antes que a los jubilados que tienen miles de demandas ante el Estado y cobran jubilaciones que no cubren la canasta básica de alimentos.

Ese excedente del Anses sigue financiando al Gobierno nacional para esconder las verdaderas cifras del déficit fiscal que ascendería a $ 65.599 millones.

A continuación el informe completo realizado por Idesa:

La solvencia fiscal es condición necesaria para sostener un proceso de desarrollo social. 

Por eso es preocupante la actitud de las autoridades económicas de anunciar un supuesto superávit fiscal cuando la realidad es que se ha llegado a una situación en que, ni con las apropiaciones sobre la ANSES y el Banco Central, alcanza para financiar al sector público. 

Más allá de que la situación no sea explosiva en el corto plazo, es de alta prioridad mejorar la calidad en la gestión del Estado. 

Uno de los pasos esenciales e iniciales en este sentido es restablecer la seriedad en la difusión e interpretación de la información sobre las cuentas públicas.

El Ministerio de Economía anunció que el sector público nacional cerró el año 2011 con un superávit de $4.920 millones. 

Como ocurre desde hace varios años, la declaración se realizó enfatizando que uno de los pilares del modelo económico imperante es la solidez en las cuentas públicas.

Más allá de la pertinencia de reconocer la importancia de la sustentabilidad de las finanzas públicas, la realidad que muestran las cifras oficiales, en sentido contrario a lo anunciado, es que hay una gran precariedad fiscal.

El monto que anuncian las autoridades como “superávit” es el resultado  primario, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses de deuda pública.

La suma que el sector público nacional pagó en intereses en el año 2011 fue de $35.584 millones. 

Cuando se computa este concepto se llega a un déficit de $30.664 millones. 

Este monto representa aproximadamente 1,7% del PBI; el mayor desde el año 2002.

Pero lo más importante es que en estos cálculos se consideran como ingresos las transferencias de la ANSES, del Banco Central y otros organismos públicos. 

Según los propios datos oficiales del Ministerio de Economía, que se publican junto con los anuncios del “superávit”, surge que estos recursos extraordinarios fueron los siguientes:

El excedente de la ANSES fue $22.699 millones ($11.154 millones por rentas del FGS, básicamente, y $11.545 millones de excedentes de ingreso y gasto previsional).

Desde el Banco Central y otros organismos se transfirieron $12.236 millones.

Esto significa que, sin los excedentes de la ANSES, el Banco Central y otros organismos, el desequilibrio fiscal asciende a $65.599 millones.

Los datos oficiales delatan –en oposición a los anuncios– un muy severo proceso de deterioro de las cuentas públicas. 

No sólo que el sector público está lejos del “superávit” declamado, sino que el desequilibrio entre los ingresos genuinos y el gasto público alcanzan a $66 mil millones ó el 3,6% del PBI aproximadamente. 

Este desequilibrio es asimilable al del año 2001, que, según los datos del Ministerio de Economía, fue de 3,2% del PBI, ó al déficit fiscal de Italia que, en crisis, se estima en 4% del PBI. Para financiar parte de este enorme desequilibrio, desde la ANSES, el Banco Central y otros organismos se generan $35 mil millones que alcanzan para financiar el 53% del déficit.

Tratar de disimular la insolvencia del sector público con anuncios “optimistas” no es una acción responsable ni sostenible. Pero más cuestionable y preocupante aún es que se llegue a semejante desequilibrio cuando la presión impositiva del sector público nacional ha alcanzado un récord histórico, pasando de un 20% en el año 2002 al 35% en el año 2011. 

En otras palabras, los ciudadanos nunca pagaron tantos impuestos, sin embargo, el desequilibrio de las cuentas públicas es el más elevado de la última década.

No menos preocupación causan las formas espurias de financiamiento de este desequilibrio. 

El excedente de la ANSES es el resultado de la violación a la movilidad de los haberes previsionales. 

Esto genera cientos de miles de juicios cuyo pago el organismo previsional difiere dilatando al extremo los procesos judiciales. Las rentas de la ANSES son el resultado de la expropiación de los ahorros previsionales ocasionada con la eliminación del régimen de capitalización. 

Estos fondos –ahora destinados a financiar el déficit fiscal– en una gestión responsable deberían ser capitalizados para respaldar las futuras jubilaciones. En igual sentido, las reservas del Banco Central deberían priorizarse para respaldar el dinero emitido.

La premura manifestada por el gobierno por reducir los subsidios, aunque implique la impopular acción de ajustar las tarifas que paga la población, delata el convencimiento que la situación fiscal es insostenible. 

 Sin embargo, las acciones carecen de la integralidad, calidad e intensidad que demanda esta profunda crisis del sector público argentino. 

El deterioro acumulado, no sólo con la expansión de los subsidios sino también con crecimiento espurio del empleo público, beneficios previsionales y otras erogaciones, demanda un audaz proceso de modernización del Estado. 

Para ello, un paso “fundacional” sería restablecer la seriedad en la difusión e interpretación de la información sobre las cuentas públicas.

MALVERSACION DE DINERO A JUBILADOS

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 26.425

Ahora denuncian penalmente a Boudou y Bossio por malversación de dinero de jubilados

Tras denunciar el pasado 13 de abril ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la violación del acuerdo por el cual la Anses y el Gobierno se comprometieron a no dilatar más expedientes judiciales, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, adherida a las 62 organizaciones —liderada por Rubén Gioaninni y con el patrocinio del abogado Fabián Bergenfeld— denunciará ahora penalmente a los directivos de la Anses por malversación de los fondos de la denominada “clase pasiva”.

Se acusa principalmente a Amado Boudou y a Diego Bossio, quienes como directores de ese organismo entregaron fondos para comprar electrodomésticos, para el programa “Futbol Para Todos” y “Automovilismo Para Todos”, para la compra de computadoras y/o para otorgar subsidios para la niñez.

Todos esos destinos, violan flagrantemente a lo establecido por el artículo 8 de la ley 26.425, sancionada en 2008 para estatizar los fondos, que establece que “la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del sistema integrado previsional argentino”.

Se le solicita además al juez penal, que cite a declarar a los miembros de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, y que, de no haber controlado el destino de los fondos —de acuerdo a su obligación establecida en el art. 11 de la ley 26.425— se los procese por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público o, eventualmente, por asociación ilícita.

LA REALIDAD DEL KIRCHNERISMO.

CRISTINA NO QUIERE A LOS JUBILADOS

JUBILADOS, CASTIGADOS POR CRISTINA Y EL KIRCHNERISMO

Mientras que en el año 2002, antes de la llegada de los Kirchner a la Casa Rosada, el 33% de los jubilados percibía el haber mínimo, actualmente dicha participación es del 75%.  

• Jubilados, castigados por Cristina y el kirchnerismo.

"Hubo un evidente achatamiento de la pirámide previsional, que en realidad fue un ajuste monumental pagado por el bolsillo de los jubilados. 

Por ejemplo, una persona que se jubiló hace 20 años, habiendo realizado aportes que le permitían ganar un haber equivalente a dos jubilaciones mínimas, actualmente está percibiendo la mínima, apenas $ 1.687 (poco más de US$ 400), equivalente al 33% del salario promedio que cobran los trabajadores activos."

"Actualmente, hay casi 500 mil juicios iniciados que hicieron colapsar los juzgados federales y cuyas sentencias son  pagadas con una escandalosa demora por parte del Estado. 

Todos los días, en el país, mueren abuelos sin haber podido lograr que el Estado cumpla con lo que dispone la Justicia."

"Una jubilación mínima en la Argentina no llega a cubrir el costo del alquiler de un departamento de 2 ambientes (...). 

Y lo que es aún más preocupante es que la situación tenderá a profundizarse en los próximos años, dado la prácticamente nula generación de empleo genuino durante la administración que hubiese mejorado la sustentabilidad del sistema."

"En los años ‘50, en la Argentina, había 10 trabajadores aportantes por cada jubilado, y actualmente esa proporción se redujo a 1,5 por cada pasivo. 

Esta situación revela un componente contributivo (haberes menos contribuciones) insolvente, con un déficit que ronda los $ 20.000 millones por año, que, se estima, seguirá creciendo ante la falta de generación de empleo genuino."

La estatización de las AFJP en el año 2008 (...) permitió robustecer el Fondo de Sustentabilidad. 

Pero (...) con ese fondo se paga la asignación universal por hijo, se compran las netbook que se distribuyen en las escuelas y hasta el programa LCD (televisores) para todos. 

Es decir, el Gobierno condena a los jubilados a cobrar haberes de hambre para llevar adelante planes que deberían estar sustentados con otros recursos del Estado."

"La expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol por parte del Gobierno está generando efectos acaso no calculados en el plan oficial, uno de ellos, la pérdida de unos US$ 500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aglutina activos destinados a financiar a los futuros jubilados. 

Las pérdidas se produjeron al derrumbarse las acciones que la Anses tiene en las principales empresas del país, una herencia de las desaparecidas AFJP. 

La cotización de las acciones en la Bolsa local cayeron entre 10% y 20%, y con esa pérdida disminuyó sensiblemente el valor del fondo previsional."

“No pagar las sentencias es una decisión política del Gobierno.

Nosotros propusimos una solución integral que consistía en pagar las sentencias y actualizar las jubilaciones con una quita de la retroactividad, pero el Gobierno se negó a aceptarlo. 

La realidad es que la solución se torna cada vez más compleja”, dijo (...) el sociólogo Sergio Fiscella, experto en temas previsionales (...)."

EL ROBO DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS JUBILADOS

 


La admi­nis­tra­ción K está des­pil­fa­rrando los fon­dos pre­vi­sio­na­les, y pone al sis­tema jubi­la­to­rio cerca de la ban­ca­rrota. 


 El 75% de la clase pasiva cobra ape­nas 400 dóla­res y el acha­ta­miento se profundizará.



Aque­llas per­so­nas que le fal­tan pocos años para jubi­larse debe­rían pen­sar en con­se­guirse algún otro ingreso para su vejez. 


De lo con­tra­rio, cuando acce­dan al retiro, difí­cil­mente pue­dan lle­gar a fin de mes. 


¿El motivo? 


El des­pil­fa­rro de los fon­dos pre­vi­sio­na­les que está haciendo el Gobierno nacio­nal con los apor­tes patro­na­les y los fon­dos que salen del bol­si­llo de los trabajadores.


A este dia­rio le encan­ta­ría ser el por­ta­dor de exce­len­tes noti­cias, espe­cial­mente para aque­llos que, tras una ardua vida de tra­bajo, desean tener garan­ti­zado el dere­cho a gozar de una jubi­la­ción digna. 


 Lamen­ta­ble­mente, la reali­dad es muy diferente.


Hay sec­to­res del poder polí­tico que le gus­ta­ría matar al men­sa­jero, pero la ver­dad es que la res­pon­sa­bi­li­dad abso­luta le cabe al gobierno kir­ch­ne­rista que está lle­vando el sis­tema pre­vi­sio­nal a la ban­ca­rrota. 


 Los núme­ros hablan por sí solos: mien­tras que en el año 2002, antes de la lle­gada de los Kir­ch­ner a la Casa Rosada, el 33% de los jubi­la­dos per­ci­bía la mínima, actual­mente dicha par­ti­ci­pa­ción es del 75%.


Hubo un evi­dente acha­ta­miento de la pirá­mide pre­vi­sio­nal, que en reali­dad fue un ajuste monu­men­tal pagado por el bol­si­llo de los jubi­la­dos. 


Por ejem­plo, una per­sona que se jubiló hace 20 años, habiendo rea­li­zado apor­tes que le per­mi­tían ganar un haber equi­va­lente a dos jubi­la­cio­nes míni­mas, actual­mente está per­ci­biendo la mínima, ape­nas 1.687 pesos (poco más de 400 dóla­res), equi­va­lente al 33% del sala­rio pro­me­dio que cobran los tra­ba­ja­do­res activos.


La situa­ción pro­dujo una cata­rata de deman­das con­tra la Anses, que fue­ron pre­sen­ta­das por jubi­la­dos que recla­man una actua­li­za­ción de habe­res que esté en con­so­nan­cia con lo que esta­blece la Cons­ti­tu­ción, y los dis­tin­tos fallos de la Corte Suprema de Jus­ti­cia. Actual­mente, hay casi 500 mil jui­cios ini­cia­dos que hicie­ron colap­sar los juz­ga­dos fede­ra­les y cuyas sen­ten­cias son paga­das con una escan­da­losa demora por parte del Estado. Todos los días, en el país, mue­ren abue­los sin haber podido lograr que el Estado cum­pla con lo que dis­pone la Justicia.


Una jubi­la­ción mínima en la Argen­tina no llega a cubrir el costo del alqui­ler de un depar­ta­mento de dos ambien­tes en el Casco Urbano pla­tense, que difí­cil­mente se pueda encon­trar en menos de $2.300 pesos. 


Y lo que es aún más preo­cu­pante es que la situa­ción ten­derá a pro­fun­di­zarse en los pró­xi­mos años, dado la prác­ti­ca­mente nula gene­ra­ción de empleo genuino durante la admi­nis­tra­ción que hubiese mejo­rado la sus­ten­ta­bi­li­dad del sistema.


En los años ‘50, en la Argen­tina, había diez tra­ba­ja­do­res apor­tan­tes por cada jubi­lado, y actual­mente esa pro­por­ción se redujo a 1, 5 por cada pasivo. 


Esta situa­ción revela un com­po­nente con­tri­bu­tivo (habe­res menos con­tri­bu­cio­nes) insol­vente, con un défi­cit que ronda los $ 20.000 millo­nes por año, que, se estima, seguirá cre­ciendo ante la falta de gene­ra­ción de empleo genuino. 


Por eso, el sis­tema pre­vi­sio­nal recauda otros ingre­sos, pro­ve­nien­tes de impues­tos gene­ra­les (como IVA y Ganan­cias), a lo que se le suma un Fondo de Garan­tía de Sus­ten­ta­bi­li­dad (FGS), que cuenta con acti­vos pro­pios por unos $ 200 mil millones.


Con la esta­ti­za­ción de los fon­dos de los afi­lia­dos que admi­nis­tra­ban las AFJP en el año 2008, se creó el Fondo de Sus­ten­ta­bi­li­dad. 


Pero, en lugar de tener un plan estra­té­gico que ase­gure el ren­di­miento de esos fon­dos y el poder adqui­si­tivo de las futu­ras jubi­la­cio­nes, se le fue dando un uso abso­lu­ta­mente clien­te­lar. 


Por ejem­plo, con ese fondo se paga la asig­na­ción uni­ver­sal por hijo, se com­pran las net­book que se dis­tri­bu­yen en las escue­las y hasta el pro­grama LCD (tele­vi­so­res) para todos. 


Es decir, el Gobierno con­dena a los jubi­la­dos a cobrar habe­res de ham­bre para lle­var ade­lante pla­nes que debe­rían estar sus­ten­ta­dos con otros recur­sos del Estado.


Eso no es todo: en los últi­mos años los fon­dos de la Anses tam­bién se habrían uti­li­zado dis­cre­cio­nal­mente para finan­ciar cam­pa­ñas polí­ti­cas, espe­cial­mente en el Con­ur­bano bonaerense.


Pér­di­das millo­na­rias del Fondo de Garantías


La expro­pia­ción del 51% de YPF en manos de Rep­sol por parte del Gobierno está gene­rando efec­tos acaso no cal­cu­la­dos en el plan ofi­cial, uno de ellos, la pér­dida de unos US$ 500 millo­nes del Fondo de Garan­tía de Sus­ten­ta­bi­li­dad (FGS), que aglu­tina acti­vos des­ti­na­dos a finan­ciar a los futu­ros jubi­la­dos.

Las pér­di­das se pro­du­je­ron al derrum­barse las accio­nes que la Anses tiene en las prin­ci­pa­les empre­sas del país, una heren­cia de las des­a­pa­re­ci­das AFJP. 


La coti­za­ción de las accio­nes en la Bolsa local caye­ron entre 10% y 20%, y con esa pér­dida dis­mi­nuyó sen­si­ble­mente el valor del fondo pre­vi­sio­nal. Esos fon­dos, para­dó­ji­ca­mente, podrían ser­vir para sol­ven­tar la expro­pia­ción de YPF.


La Anses per­dió unos $ 2.500 millo­nes desde el lunes 9 de abril, cuando comen­za­ron los rumo­res de confiscación.


EL FGS es un fondo que es admi­nis­trado por Anses, cuya car­tera está com­puesta por diver­sos tipos de acti­vos por $ 200 mil millo­nes. Casi el 60% está colo­cado en bonos y títu­los públi­cos, naci­dos de la voca­ción kir­ch­ne­rista de finan­ciarse con fon­dos estatales.


“Una deci­sión política”


“No pagar las sen­ten­cias es una deci­sión polí­tica del Gobierno. Noso­tros pro­pu­si­mos una solu­ción inte­gral que con­sis­tía en pagar las sen­ten­cia y actua­li­zar las jubi­la­cio­nes con una quita de la retro­ac­ti­vi­dad, pero el Gobierno se negó a acep­tarlo.


La reali­dad es que la solu­ción se torna cada vez más com­pleja”, le dijo a Hoy el soció­logo Ser­gio Fis­ce­lla, experto en temas pre­vi­sio­na­les, que ase­soró a la exdipu­tada María Amé­rica Gon­zá­lez en la pre­sen­ta­ción del pro­yecto. 


Y agregó: “Noso­tros nos opo­ne­mos a que las inver­sio­nes del Fondo de Sus­ten­ta­bi­li­dad se sigan haciendo en detri­mento de las con­di­cio­nes de vida de los jubilados”.


En el acha­ta­miento de la pirá­mide pre­vi­sio­nal tam­bién influyó la amplí­sima mora­to­ria pre­vi­sio­nal de los K que puso en pie de igual­dad a una per­sona con 30 años de aporte con una que no tenía nin­guno. 


En lugar de imple­men­tarse un ingreso mínimo uni­ver­sal a la vejez finan­ciado con ren­tas gene­ra­les, se hizo una igua­la­ción for­zada de los dere­chos pre­vi­sio­na­les y dejó un enorme pasivo de cara al futuro.


El sis­tema pre­vi­sio­nal y el dolor de ya no ser


Argen­tina fue pio­nera a nivel lati­noa­me­ri­cano en mate­ria pre­vi­sio­nal. Pese a que las pri­me­ras cajas pre­vi­sio­na­les por ramas de acti­vi­dad datan de prin­ci­pios del siglo XX (empe­zando por los emplea­dos públi­cos en 1904), fue a par­tir de 1944 que el sis­tema se uni­ver­sa­lizó. 


Y, obvia­mente, en esta pri­mera etapa, la exis­ten­cia de muchos apor­tan­tes y esca­sos bene­fi­cia­rios per­mi­tió la acu­mu­la­ción de cuan­tio­sos supe­rá­vit: entre 1945 y 1960 el supe­rá­vit pre­vi­sio­nal anual pro­me­dio fue equi­va­lente al 2, 7% del PBI.


Esta etapa “exce­den­ta­ria” del sis­tema pre­vi­sio­nal empezó a alcan­zar sus lími­tes una vez que el paso del tiempo fue incre­men­tando pau­la­ti­na­mente el número de bene­fi­cia­rios. Hacia fina­les de los ‘70, el sis­tema se man­tuvo prác­ti­ca­mente en equilibrio.


El pro­gre­sivo ago­ta­miento del sis­tema pre­vi­sio­nal argen­tino se debió a diver­sos fac­to­res. 


En pri­mer lugar, se pro­dujo la licua­ción de los exce­den­tes acu­mu­la­dos durante la etapa exce­den­ta­ria como con­se­cuen­cia de la colo­ca­ción de títu­los públi­cos a pla­zos lar­gos que deven­ga­ban una tasa de inte­rés real fuer­te­mente nega­tiva. 


Y luego tuvo lugar una sen­si­ble reduc­ción del cociente entre el número de apor­tan­tes y bene­fi­cia­rios, como con­se­cuen­cia de la natu­ral madu­ra­ción del sis­tema (apor­tan­tes que se van jubi­lando), sumado al enve­je­ci­miento de la pobla­ción (el por­cen­taje de la pobla­ción mayor a 65 años se duplicó entre 1950 y 1985).


Luego, en los ‘90, se crea­ron las nefas­tas AFJP, y se intro­du­je­ron cua­tro modi­fi­ca­cio­nes: ele­va­ción de 10 años en la can­ti­dad de años de apor­tes nece­sa­rios (de 20 a 30 años); aumento de cinco años en la edad jubi­la­to­ria (65 para los hom­bres y 60 para las muje­res); pasó a reque­rirse al menos tres años de apor­tes regu­la­res en los últi­mos 5 años pre­vios a jubi­larse, y el cálculo del haber ini­cial pasó a ser el pro­me­dio de los últi­mos 10 años (en lugar del pro­me­dio de los tres mejo­res sala­rios anua­les).


Este sis­tema fue una gran estafa. 


Ade­más de los cos­tos ope­ra­ti­vos extra­or­di­na­ria­mente altos (inclu­yendo la prima por los segu­ros de muerte e inva­li­dez, alcan­za­ban un ter­cio del total de los apor­tes del tra­ba­ja­dor), el endu­re­ci­miento de las con­di­cio­nes de acceso redundó en un mar­cado des­censo de la cober­tura del sis­tema y pro­dujo el incre­mento exor­bi­tante de la deuda pública nacional.


A todos estos fac­to­res, tras la esta­ti­za­ción de las cuen­tas de los apor­tan­tes que admi­nis­tra­ban las AFJP, se les sumó el des­pil­fa­rro de recur­sos de los jubi­la­dos que viene haciendo, de forma sis­te­má­tica, el kirchnerismo.

COMO OPERA LA MAFIA DE LOS GESTORES DE LA ANSES

 Dispuesto a iniciar el trámite para el cobro de su jubilación, la persona llega hasta el estudio jurídico de los doctores Viviana Hermida y Juan Lolu, ubicado en Tucumán 1539, noveno piso, oficina 93. 


Los nombrados se publicitan como gestores de la ANSES y le explican al nuevo cliente que están altamente especializados en estos temas.


Luego de firmado el convenio de honorarios y entregarles a aquellos la documentación para el trámite, el futuro jubilado se retira convencido de que el tema está en buenas manos. 


Pero el tiempo pasa y no hay novedades. 


Inquieto, el cliente les pregunta a Hermida y Lolu por qué se demora tanto su cobro. 


Entonces, ellos le explicarían que el expediente está “pisado” y que, para destrabarlo, habría que pagarle a cierto funcionario un incentivo. 


Así es que cobrarían cientos de contribuciones, sin que esto signifique, en la mayor parte de los casos, que el expediente se resuelva.


De aspecto serio, casi solemne, Lolu sería un verdadero especialista en estas estafas seriales de escaso monto. 


Pero los talentos especiales de este gestor -según fuentes judiciales- no se agotarían allí. 


También participaría de algo más grave: una red de funcionarios y gestores dedicada a truchar expedientes de jubilaciones de alto monto que se pagarían indebidamente, defraudándose así al Estado por cifras millonarias. 


Investigado judicialmente y también por los controles internos del ANSES, Lolu estaría ahora a punto de ser excluido del registro de gestores del organismo y debería enfrentar futuros procesos.


Una larga lista


El caso de Lolu es sólo uno entre muchos. 


Hay varias decenas de estudios jurídicos bajo la lupa de la justicia y el ANSES. 


Pero la realidad es que, en proporción a la cantidad de hechos delictivos, las denuncias son muy pocas. 


Es que esta clase de gestores especula hábilmente con uno de los mayores temores de los jubilados: que si denuncian su trámite se paralice o, peor aún, que como venganza el mismo desaparezca y deba comenzar de vuelta desde cero. 


Cuando los clientes advierten que están siendo estafados, los gestores suelen atemorizarlos con frases como “si adentro dan marcha atrás, este trámite no sale nunca”. 


Como es obvio, la mafia de los gestores de la ANSES puede subsistir sólo porque cuenta con socios en la estructura del organismo. 


En los últimos años, la ANSES fue incorporando distinto tipo de controles internos para combatir las irregularidades y los fraudes. 


Pese a esto, la mafia hasta ahora se las arregló para sobrevivir.


La actual gestión de Diego Bossio estaría intentando reducir lo más posible este problema, con la idea de blanquear la mala imagen del organismo.