ES NAVIDAD, DESDE SALTA SE ELEVA EL GRITO DE ALCORTA

Hace muchos años atrás, se elevó en la Provincia de Santa Fe el conocido Grito de Alcorta. Pasaron los años y hoy desde Salta, también se eleva el GRITO DE ALCORTA, que solicita al Gobierno Argentino que se ocupe y preocupe por todos los Jubilados y Pensionados.

Fuimos los que desde hace muchísimos años aportamos y pusimos el hombro en este País, para crecer y a través de los años cobrar no sólo dignamente sino en tiempo y forma, como corresponde.

Los jubilados y pensionados requerimos la solidaridad del Pueblo Argentino, porque no sólo estamos en emergencia económica, sino también discriminados…

Despertemos, luchemos con nuestra mejor arma, la palabra, que nuestra voz se eleve hasta los representantes de nuestro Gobierno.

Señores, es NAVIDAD, no puede volver a suceder lo que con angustia y nuestros ojos llenos de lágrimas, vimos: colas y colas de mujeres y hombres de edad avanzada, algunos con problemas de salud, al rayo del sol, con una temperatura elevada, horas y horas, frente al Banco Nación, para recibir un dinero que les corresponde.

No se olviden, los jubilados y pensionados, también votamos y aún tenemos buena memoria.

REFLEXIONEMOS: Un Rey déspota, un poder autoritario, pueden dominar al Hombre, pero, al Alma de ese Hombre, no la puede dominar nadie, nuestros sueños, nuestra voluntad y nuestra FE, nuestro ideal, está en nuestra mente y en nuestro corazón y hasta ahí

¡¡¡NO PODRÁN LLEGAR JAMÁS!!!

María Alcorta
Salta
D.N.I.: 4.086.424

A LOS JUBILADOS, ¿DE QUÉ DERECHOS HUMANOS NOS HABLAN?

La irracionalidad y la hipocresía se han instalado en las más altas esferas del gobierno, al permitir a la Sra. Hebe de Bonafini sentarse a la diestra de la Sra Presidente en un acto por los Derechos Humanos, cuando el 15 de diciembre de 2009 expresó a viva voz en la Plaza de mayo:

“¡Bolivianos de mierda, váyanse!” La Plaza es nuestra y después escuchar a la Sra. Presidente decir “que su Gobierno solo está dispuesto a dialogar, por ser enemigo del uso de la fuerza, y no saber de odios, venganzas ni rencores”.

Claro que los Derechos Humanos a los que se refiere el gobierno, para no perder su vocación necrófila, son solamente para aquellos desaparecidos jóvenes idealistas, pero se olvidan que también deben existir los mismos derechos para aquellos que defendieron nuestra identidad nacional y para los más de cuatro millones de jubilados aportantes que hicieron grande esta patria, con su trabajo contribuyendo con parte de sus salarios para poder disfrutar al final de sus vidas con una jubilación digna y su merecido 82% móvil.

Si hoy le preguntáramos, a todos aquellos que cobran la mínima o sea más del 78% del padrón si en vez de aportar durante tantos años, no hubiese sido mejor quedarse con ese dinero, nos contestarían afirmativamente, si total ahora el gobierno sin aportes ha jubilado a mas de dos millones y medio de personas con el solo propósito de aumentar la política clientelar y prebendaria.

Si agregamos a esto a los miles de inmigrantes extranjeros indigentes e indocumentados que entran en nuestro país para que le sean otorgados vivienda y planes sociales sin ningún requisito, solamente por pertenecer al Mercosur, en poco tiempo los bienes de la ANSeS, de la gente que trabajó y la que produce actualmente, serán utilizados para los subsidios y los jubilados seguirán cada vez más marginados y desprotegidos.

En la Argentina, los Derechos Humanos, son más humanos para unos que para otros.

Omar Martínez

EL INJUSTO VETO A LA LEY DEL 82% MOVIL

Las legítimas aspiraciones de los jubilados que aportaron durante toda su vida de trabajo una porción de sus sueldos para obtener una jubilación digna, fueron frustradas por el estado burocrático que desoyó el fallo de la justicia independiente y la sanción de los cuerpos legislativos.

Vuelvo al tema sobre la Ley del 82 % móvil pues recientemente el Director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, criticó a la justicia previsional por considerar que viola la ley al reconocer actualizaciones de jubilaciones que exceden el tope máximo impuesto por ley del Congreso Nacional.

Aclaró que el organismo “está obligado” a apelar los fallos judiciales que excedan esas reivindicaciones reconocidas por el denominado falla Badaro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El funcionario de la ANSES con un criterio muy estrecho no repara en la maraña de planes sociales que le permite a la Jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, gastar en forma alarmante millones y millones de dinero que favorecen a gente que no trabaja y que conforma una familia donde todos son favorecidos por algún plan que para nada contempla el trabajo honrado.

Simplemente son los privilegiados de un reparto demagógico y que sienta el precedente que se puede vivir sin trabajar, negando así la cultura del trabajo. Pero también hay que agregar que esos favoritismos los realizan tomando el dinero de los jubilados de la ANSES.

Aún los jubilados no se reponen de la injusticia de haber vetado, la Señora Presidente la ley que equipara la jubilación al 82 % móvil del salario mínimo que actualizaba el resto de haberes de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y sancionada por los cuerpos legislativos horas antes.

Esto lo dije en un comentario con fecha 24 de octubre de 2010. Afirmé con pruebas que había dinero para financiar el 82 % móvil a los jubilados y a modo de reproche cité que graciosamente la Jefa de Estado ha incorporado con categoría de jubilados o pensionados a millones de personas no contribuyentes, equiparándola con los que trabajaron toda su vida para cobrar cuando se produce el retiro sus propios aportes o ahorros. Toda justificación a negarse a pagar a los jubilados el 82 % móvil, que invocó el gobierno de la Nación para vetar la ley, no obstante la aprobación por el Congreso de la ley citada, la presidente desoyó la legalidad y la demostración ofrecida que se puede pagar con el propio superávit en 2010.

Recordé en oportunidad de comentar este tema que la ANSES tiene un superávit anual de veinte millones de pesos.

Pero seguir incorporando más jubilados o pensionados no contribuyentes, sumados a los dos millones ya favorecidos y repartir a manos llenas contribuciones con categoría de sueldos a otros millones que no trabajan y viven a costa de los que se esfuerzan trabajando, no es justo.

Entre esos millones de privilegiados que cobran sin trabajar –gravísimo error-, la presidente destina, además, cuarenta mil millones en subsidios a empresas amigas.

El dinero de los jubilados va a los jubilados y pensionados no contribuyentes, regalo multimillonario. Y, pensar que el filósofo-apóstol que fue Sócrates quien prefirió morir antes de desobedecer a la majestad de la ley, valoraba el trabajo, honrando su espíritu democrático se complacía en recurrir a la sentencia de Hesíodo: “El trabajo no es vergüenza; el odio sí es vergüenza”.

Sócrates destacaba la dignidad moral del trabajo, aseverando que para los hombres y las mujeres libres, el trabajo no es ninguna deshonra como tampoco lo es ejercer un oficio manual, sólo a condición de trabajar y de no ser parásito, “se puede llegar a ser sabio y justo”.

Sócrates honraba el trabajo porque reconocía en él una actividad educadora que crea conocimientos e implica la conciencia de lo que se hace y de por qué se lo hace.

Este filósofo era profundamente democrático, honró el trabajo como el diálogo que reconoce la libertad de pensamiento y de expresión, y la quiso para todos, considerándola pública y sagrada al ejercer su apostolado de despertador de conciencias al servicio de una educación política, sacrificando todo interés personal.

En estos tiempos, Sócrates criticaría el veto a la ley que equipara la jubilación más baja al 82 % móvil del salario mínimo que actualizaba el resto de haberes de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y sancionada por el Congreso.

Anunciar que otorgarán setecientos pesos por única vez -a un sector de jubilados que ganan menos que otros por diferencias de responsabilidades- es una humillación y una discriminación insoportable.

Economistas, periodistas independientes que han estudiado a fondo el tema; políticos y asesores han coincidido en las puntualizaciones que damos a continuación.

* Existen los fondos para financiar el 82 % móvil a los jubilados, solo faltó una decisión política.

* La ley del 82 % en el artículo 1 establece que el haber mínimo garantizado que establece el artículo 125 de la ley 24.241 de sistema integrado de jubilaciones y pensiones, será equivalente al 82 % del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos, por el Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo, vital y móvil.

En el artículo 4 dispone un cambio en la fórmula, valga la reiteración, para el cambio actual de la movilidad jubilatoria.

Dice que será por el índice de salarios, nivel general, elaborado por el INDEC o por el índice RIPTE del Ministerio de Trabajo.

De ambos, el que resulte más conveniente para el beneficiario, aclara.

* Mediante los artículos 5, 6 y 7 se establecen el ajuste de haberes según los criterios de la Suprema Corte para los casos Sánchez y Badaro.

En el artículo 9 se aclara que estos ajustes se aplicaran hacia delante, sin derecho a la retroactividad.

* Vetar la ley, como lo ha hecho la presidente Cristina Fernández de Kirchner tiene un costo muy grande, pues al no reajustar los haberes como lo dispuso la Corte, seguirá agrandándose la deuda del Estado con los jubilados en los juicios por las retroactividades e intereses.

Se estima que a valor actual hay más de 400.000 juicios que representan un pasivo de la ANSES de $30.000 millones y esto seguirá aumentando en la medida que no se aplique la orden de la Corte.

Hoy, la ANSES paga unos $3.000 millones anuales en juicios, de los cuales un 30 % no va a los jubilados sino a los abogados previsionalistas.

* La discusión sobre financiamiento del 82 % móvil fue equivocada, pues primero debió acordarse el nivel adecuado de jubilación, respetando la legislación previsional y cumpliendo con los fallos de la Suprema Corte de Justicia para luego discutir cómo se ordena el presupuesto para garantizar los pagos.

Lamentablemente el gobierno procede al revés: Subordina el monto de las jubilaciones al estado de las cuentas públicas.

* La presidente destina 40.000 millones a subsidios para empresas amigas.
* Cumplir con la ley sobre el 82 % móvil para jubilados, es justicia a toda una vida de trabajo y ahorro.

Nadie tiene el derecho de vulnerar lo que legítimamente les pertenece.

Hay que observar cómo se usa el fondo de garantía de sustentabilidad para prestar a tasas viles y financiar la caja.

No es verdad que la plata no está, porque en realidad consta que existe y con ella se debió financiar la aprobación del 82 % móvil para los jubilados.

Se podría racionalizar el reparto de subsidios, el déficit de Aerolíneas Argentinas y los millones destinados al “Fútbol para Todos” que en conjunto representan la mitad del monto necesario para el pago del 82 % móvil.

Los fondos son de ANSES.

Son de los jubilados. Indigna ver cómo lo usan para otros fines.

Vamos a perder 400.000 juicios y así tendremos hipotecado el futuro.

La ANSES tiene presupuestados $162.220 millones para 2011. Unos $50.000 millones (35%) corresponden a gastos y prestaciones que deberían tener financiamiento propio en lugar de utilizar recursos del sistema jubilatorio.

Hay que decir a dónde va la plata de los jubilados, pues el pueblo tiene que saber la verdad y aquí transcribimos el uso y abuso del dinero de los jubilados en la ANSES.

El dinero de los contribuyentes jubilados va a las jubilaciones y pensiones que regala la Jefa de Estado; a las jubilaciones con moratoria; al desarrollo social; a la asignación universal por hijo; a las asignaciones familiares; a cubrir los déficits de las cajas provinciales; de las cajas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; al plan de regalo de computadoras; a la retención sobre haberes; a las actividades centrales; a las asignaciones familiares a jubilados; al Ministerio e Trabajo; a los ex combatientes de la guerra de Malvinas; al seguro de desempleo; a la AFIP; a las comisiones, subsidios, tarifas.

Un caso es la asignación universal por hijo –que absorbe $10.000 millones anuales- y que el gobierno ordenó por un decreto –sin poner en discusión su financiamiento- que se pague con los intereses del Fondo de Garantía de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Aún así, la ANSES tiene un superávit anual de $20.000 millones luego de pagar las jubilaciones.

Una alternativa que se plantea para asegurar la ley es reasignar ingresos y gastos.

Por ejemplo, hasta septiembre de 2010, el gasto acumulado en subsidios –fundamentalmente para empresas de electricidad y gas- sumó $32.586 millones.

En el presupuesto 2011, se prevén exenciones impositivas por $34.016 millones. Por otro lado, se calcula que se podrían recuperar $18.000 millones mediante la suba de las contribuciones patronales de las grandes empresas.

Los diarios independientes tan denostados por el gobierno nacional y sus funcionarios han realizado profundos estudios para que los jubilados y el pueblo en general tengan la verdad sobre el 82 % móvil.

Y no se equivoque con el cacareo del triunfalismo de vetar esa ley que nos traerá más pobreza.

Nélida Rebollo de Montes, Profesora y periodista, distinguida con el Premio Benefactora de la Cultura. Ingresó en la Academia Provincial de la Historia con el trabajo titulado “Mujeres de mayo y prácticas electorales de 1816”.

Con el voto unánime ingresó a la Sociedad Argentina de Escritores, institución que la distinguió con la “Pluma de Oro”, con la “Faja de Honor” y el “Gran Premio de Honor”.

Autora del libro “Nuestro Tiempo y Nuestras Razones”, que incluye artículos de su profesión periodística, afrontando la difícil tarea del comentario instantáneo sobre los acontecimientos que se suceden diariamente.

La gente valora en ellos el estudio relevante sobre el presente. El libro figura en las Universidades de Yale, de Columbia y en el catálogo online de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica.

Su Ensayo “Rosalía de Castro. Antonio de la Torre : dos testimonios de la pasión poética” fue incluido en la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela de España, en la Biblioteca Pública de Nueva York y en la Universidad Stony Brook de Nueva York de Estados Unidos de Norteamérica.

Fue galardonada, en 1986, con el premio internacional “Honoris Causa”, otorgado por la Acción Católica Argentina con sede en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica.

En el mismo año, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) la premió en el año internacional de la Paz.

Fue elegida, en 1990, “Ciudadana Ilustre” de la Municipalidad de la Capital de San Juan y condecorada, en 1994, por el Diario la Razón.

El Centro de Artistas Plásticos de San Juan la consagró, en el mismo año, “Benefactora del Arte”. Tres veces premiada, en 1997, 2001 y 2005, por ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina) y, en 1990, con el “Santa Clara de Asís”.

La Dra. Rebecca Ann Bill de la Universidad de Stanford de California, Estados Unidos, contratada por FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia de la República Argentina) consultó como fuente de de información un artículo periodístico de la Profesora Nélida Rebollo de Montes (argentina) titulado “La Suprema Corte de Justicia en la Presidencia de Mitre” y un libro del Dr. Harold J. Berman (estadounidense) de la Universidad de Cambridge y profesor emérito de la Universidad de Harvard. De ambos autores la Dra. Bill utilizó datos para su obra de investigación “Medición de la autonomía judicial. Juzgado Federal de primera instancia en lo penal de la República Argentina".

LA INFAMIA DEL GOBIERNO CONTRA LOS JUBILADOS

La ciudadanía, sus representantes y la Justicia deberían recabar del actual Gobierno que justifique debidamente las razones por las que persiste en perjudicar, casi con saña, a jubilados y pensionados que cobran beneficios superiores a la prestación mínima, utilizándolos como variable de ajuste para atender sus diferentes cometidos y objetivos políticos, a pesar que ellos, de manera regular, cumplieron en su vida laboral con las obligaciones en materia de aportes y trabajo efectivo.

Quizás lo hace para ser coherente con lo manifestado por el General Perón el 30 de noviembre de 1973 cuando afirmó que las cajas de jubilaciones fueron desfondadas por el Estado, desmereciendo en ese mismo discurso el sistema previsional estatal.

O, posiblemente, por hechos más pragmáticos, basados en que las condiciones físicas naturales de los mayores retirados garantizan una pacífica sumisión.

De no ser así, difícilmente la Primera Mandataria hubiese vetado una ley legítimamente sancionada que, entre otras buenas disposiciones, reconocía el derecho constitucional de percibir jubilaciones móviles proporcionales a los sueldos en actividad.

Luego de ese arbitrario, injusto y cruel proceder, se los vuelve a agraviar y perjudicar con una incomprensible discriminación, aunque el adicional de $500 otorgado por única vez en el próximo mes de Diciembre signifique tan solo una dádiva.

Admitiendo que todos los ciudadanos tienen idénticos derechos frente a la ley, no se justifica excluir a aquellos jubilados cuyas prestaciones superen los $1500 para también hacerse acreedores de dicho adicional graciable, suma que, vaya sea de paso, es muy inferior a la que en realidad les hubiese correspondido si se aplicara lo ordenado por la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, aunque esa suma resulte insuficiente para las necesidades de los que las percibirán, el anuncio pomposamente efectuado cumple políticamente su objetivo, al acompañarlo con la cita que favorecerá a 4 millones y medio de jubilados.

Arrogarse plenos poderes para practicar esa indisimulada discriminación es propio de un régimen autoritario que no se compadece en respetar los principios morales y éticos que dan fundamento a los proclamados Derechos Humanos, tomados por el grupo político que nos gobierna como símil de un trofeo de guerra.

Para mayor indignación de los injustamente afectados, vale recordar y tener presente que gran parte del sector que conforman los 800.000 pasivos excluidos, también fueron perjudicados en años anteriores por el Estado cuando los obligó a canjear sus acreencias previsionales por bonos encuadrados en lo que se denomina -cínicamente- “deuda pública soberana”, los que luego fueron inescrupulosamente defaulteados, considerando a sus tenedores -nada menos que a los sufridos jubilados- como si fuesen especuladores o fondos buitres; y que para mayores males, desde el año 2006 y hasta ahora, los que conservan esos bonos en pesos siguen siendo estafados por el manipuleo que el INDEC hace del CER, depreciándolos en no menos del 40% que equivalente a otro default, quitándoles la posibilidad de preservar sus ahorros al no poder mantener su capacidad de compra, como fuera comprometido en las cláusulas de las respectivas emisiones de aquellos títulos “soberanos” del Estado.

Por otra parte y hasta ahora, ya son casi 500.000 los trabajadores retirados que decidieron encarar acciones judiciales contra el Estado, dadas las arbitrarias e indebidas maniobras de la ANSeS para determinar los beneficios previsionales, consistentes en no aplicar correctamente los procedimientos técnicos, jurídicos y lo establecido por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia, como también por negarse sistemáticamente al pago de las sentencias firmes en causas terminadas, o por apelar innecesariamente sentencias ajustadas a derecho en instancias inferiores, cuestiones que hacen incurrir al país en vergonzoso incumplimiento de compromisos asumidos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA.

El gobierno no guarda escrúpulos al afirmar reiterada y falazmente que es el que más hizo por los jubilados, cuando en realidad es fácil comprobar que el 75% de ellos percibe actualmente jubilaciones mínimas, cuando antes de las dos últimas administraciones ellas no superaban el 35%, provocando el grosero achatamiento de la pirámide previsional, haciéndolos con ello víctimas de la creciente inflación, la que es ignorada y ocultada por el actual gobierno y el desprestigiado INDEC, generándoles a la clase pasiva un daño injusto, a más de alevoso.

Un capítulo aparte y no menos grave es la inescrupulosa utilización de los fondos previsionales para destinarlos a fines diferentes para los que fueron constituidos, dirigiéndolos a atender objetivos populistas, o para meros objetivos electorales, invirtiéndolos mediante cuestionables criterios técnicos de rentabilidad e intangibilidad de sus reintegros.

Opino y sostengo que si en forma perentoria y en función a la requisitoria propuesta, el gobierno no diera eficaz respuesta y solución al planteo formulado, teniendo a la vista la infructuosa reciente gestión del Poder Legislativo, el Poder Judicial debería, en su fundamental misión de controlar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, actuar de inmediato, empleando las herramientas legales que institucionalmente dispone, a fin de evitar los evidentes y gravosos daños personales y materiales que la aludida política gubernamental está ocasionando.

De ser ello posible, entonces si jubilados y pensionados y la gente que habita este país interpretará que la justicia existe y que no es un mero instituto constitucional de contemplación pasiva.

Dr. Jorge R. Castorina
DNI 4081503
Asesor de AAJA
Asoc. Argentina de Jubilados Aportantes