miércoles, 13 de marzo de 2013


PENSION PRESIDENCIAL 

Polémica pensión

UN ESCÁNDALO QUE CRECE

Respecto a la pensión no contributiva - 

Otorgada por Alicia Kirchner -  a Cristina Kirchner no deja de sorprender y escandalizar. 

Es que, en las últimas horas, el ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido confirmó que la mandataria cobró por ese concepto la suma de $420.048,00 en el período anual 2011.

Como es de conocimiento público, Cristina tiene una fortuna que supera los 70 millones de pesos 

- Según E. Carrió US$ 100 millones -  y se presume que un monto muy superior reposa en Suiza a su nombre. 

Al mismo tiempo, tiene un salario como Presidente de la Nación que casi llega a los $50 mil mensuales.

¿Tenía la mandataria la necesidad de gestionar este beneficio? 

¿Cómo mirar a la cara a los jubilados y pensionados que siguen insistiendo en lograr el 82% movil de sus magros ingresos, ya refrendados por la Justicia y apelados por la Anses?

La indignación crece en las redes sociales por el dato de la pensión de Cristina y es obvio que se incrementará ahora que se sabe a cuánto asciende. 

¿Son acaso los beneficios del "modelo" para pocos?

domingo, 10 de marzo de 2013


LA TARJETA MORENO

¿un pagadiós para ganar las elecciones?

NapiaCard

La responsabilidad empresarial ante el autoritarismo.

Ayer varios matutinos difundieron la versión de que Guillermo Moreno impulsaría la implementación de una tarjeta de crédito oficial por parte del Gobierno para utilizar en los supermercados, cuyo uso será excluyente: cuando un comercio las adopte, no podrá operar con otras tarjetas, incluidas las de mayor circulación. 

El proyecto representa un claro paso contra la banca privada, emisora de la mayor parte de las tarjetas, y sería otro avance más del Estado sobre la propiedad privada, la libertad de comercio y la libertad de consumo. 

La idea inevitablemente recuerda los “cupones de racionamiento” que se utilizaban durante el comunismo en el este de Europa y que siguen usando en Cuba. 

Uno de sus efectos fue abrir un enorme mercado negro. 

Si la “tarjeta Moreno” llegara a instrumentarse rápidamente a tasas más bajas que las demás tarjetas, podría tener un fuerte impacto electoral, aunque a posteriori los resultados de haber deteriorado el mercado de las tarjetas podrían ser altamente negativos. 

Pero para el gobierno sólo existe el corto plazo, o sea ganar las elecciones como sea. 

Y para esto la llave es provocar un shock de consumo que produzca la ilusión, aunque sea fugaz, de que la economía se está reactivando rápidamente. 

Como antecedente se conoce el caso del Banco Provincial de Mendoza, que otorgó una tarjeta Visa que terminó con un alto porcentaje de morosos. 

Ahora, ante el aumento incesante del precio de los alimentos, no sería de extrañar que la idea de la presidente y del secretario de comercio sea que el público compre los alimentos en los supermercados y que nunca pague, porque el Banco Nación no los ejecutará. 

O bien incrementar el consumo con una emisión descontrolada de moneda que se traduzca en una gran concurrencia masiva en apoyo de las listas del Frente para la Victoria en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el 11 de agosto. 

De conseguirlo, el gobierno espera que se produzca el mismo efecto que en el 2011. 

Esto es, que la mayor parte de los indecisos actúen con exitismo y se vuelquen el 27 de octubre hacia las listas del FpV. 

Después, el camino hacia la reforma constitucional y la reelección quedaría allanado.

Desesperación

A esta altura de su desesperación, al cristinismo ya no le importa demasiado producir una emisión descontrolada de moneda o que se funda el Banco Nación porque la gente no le pague. 

O bien, que el Nación no les pague a los supermercados y se genere un caos económico postelectoral. 

Todo esto sin hablar de las versiones que sugieren la posibilidad de maniobras fraudulentas ya denunciadas en el 2007 y 2011. 

De hecho, con la instalación del cepo cambiario, el gobierno llevó a que en el 2012 se instalara una estanflación que continuará este año. 

Aplicando la misma tecnología de la tarjeta SUBE, se podría habilitar, por ejemplo,  que los sectores de menores ingresos compren alimentos sin que el Banco Nación les cobre intereses. 

El golpe de gracia -del cual ya se habla- sería que el Banco Nación condone las deudas por esas compras antes de las elecciones. 

La enorme pérdida se cubriría, por supuesto, con emisión monetaria.

La actitud cobarde que caracteriza a la mayor parte del empresariado privado es un dato a tener en cuenta en este análisis. 

Nuestro país carece de una clase dirigente a la altura de las circunstancias. 

En el caso del empresariado, el cristinismo tuvo la habilidad de comprometerlo en distintas operaciones poco transparentes lo que, naturalmente, facilita imponerle el temor reverencial que hoy rige. 

Después están, claro está, las operaciones puntuales en las que es especialista Moreno y que cubren un menú amplio que va desde amenazas de muerte hasta de violación de su cónyuge. 

O la intimación para que entreguen las llaves de su empresa. 

Axel Kicillof tiene lo suyo en este terreno y hay que recordar cuando dijo por televisión que podía hacer quebrar a Techint abriéndole la importación a precio de dumping de la chapa que produce esa empresa.

Los aprietes a las empresas son comunes casi a diario y los empresarios no recurren a la justicia para denunciar estas extorsiones -salvo el grupo Clarín y Juan José Aranguren, presidente de Shell. 

Pero lo habitual es ver a empresarios poderosos hablando por lo bajo en cenas o cafés sobre las humillaciones que se ven obligados a soportar por parte de Débora Giorgi, Axel Kicillof, Moreno y también Julio de Vido. 

Éste primero utiliza el consenso y si no hay acuerdo recurre al garrote.

Otro ejemplo es la prohibición no escrita de hacer publicidad en los diarios impuesta a los supermercados y cadenas de electrodomésticos. 

En consonancia con esto, Telefónica de España levantó su pauta de publicidad en los diarios. 

Como es lógico, en la medida que el gobierno no encuentra resistencias y no paga ningún costo por sus atropellos, los avances son cada vez más graves.

En este caso, parece que les llegó la hora a las tarjetas de crédito.

viernes, 1 de marzo de 2013


JUBILADO…OIGA,  DESPIERTESE, 


LE ESTAN ROBANDO SUS AHORROS, HASTA CUANDO LO VA A PERMITIR O ES QUE YA NADA LE IMPORTA

El saqueo a los jubilados

El Gobierno vuelve a apropiarse de los fondos jubilatorios mientras desobedece a la Corte Suprema, que ordenó actualizarlos

Con el mayor de los desparpajos, el Gobierno acaba de propinar dos fuertes golpes a los actuales y a los futuros jubilados, es decir, a la enorme mayoría de la población. 

El martes anunció que empleará los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para financiar un plan de créditos accesibles para construir viviendas, y el jueves confirmó que seguirá desobedeciendo a la Corte Suprema y no actualizará las 5.600.000 jubilaciones del país aplicándoles el 82 por ciento móvil.

Ambos hechos revisten una inusitada gravedad institucional porque, en primer término, el empleo de parte de los aproximadamente 200.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para un plan de viviendas significa un nuevo saqueo del dinero que pertenece a los jubilados. 

En efecto, hace ya tiempo que el Gobierno se apropió, así, de unos fondos que no son suyos y los transformó en una caja para financiar planes sociales, créditos baratos para empresas, el programa de entrega de notebooks y la compra de bonos para cubrir el déficit del Tesoro, desnaturalizando por completo la función de la Anses al politizarla y, al mismo tiempo, malversar el dinero de los aportantes al servicio previsional.

En segundo término, al rebelarse ante lo dispuesto por la Corte Suprema, el Gobierno se coloca por encima de la Justicia y, al burlarse del máximo tribunal, se mofa también de los jubilados al no otorgarles lo que legítimamente les corresponde. 

No se los otorga porque, también a cara descubierta y con el mayor de los desparpajos, desvía esos fondos para hacer política a costa de los ingresos de uno de los sectores más castigados y más vulnerables.

De esa manera, muchos de quienes han trabajado y aportado toda su vida se ven obligados a iniciar juicios para intentar la actualización de sus haberes, con la consiguiente pérdida de tiempo y la merma de sus escasos ingresos para pagar abogados.

Hay más de 300.000 juicios en marcha, pero la odisea judicial no termina para los jubilados litigantes con el fallo favorable de primera instancia, ni siquiera con el de segunda instancia, pues aún entonces la Anses demora los pagos, tal vez especulando con el paso del tiempo y el futuro fallecimiento de sus acreedores. 

Son muchos los jubilados que mueren habiendo obtenido la razón de la Justicia, pero sin haber logrado cobrar lo que se les adeudaba.

La Anses, que no cumple con la Justicia ni con la sociedad, tampoco lo hace con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la que se había comprometido a no recurrir los fallos favorables a los jubilados en primera instancia.

Este sadismo parece constituir una firme política del Gobierno y para su consecución no duda en desafiar a la Corte Suprema. 

El miércoles último, el máximo tribunal había intimado a la Anses a informar en 30 días cuál es el atraso en el pago de las jubilaciones; los nombres de todos los beneficiarios de haberes elevados y la forma en que la Anses invierte los recursos que administra el FGS.

El tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti realizó esta intimación al día siguiente de que la Presidenta anunciara el plan de construcción de viviendas a costa de las jubilaciones. 

En efecto, prestar fondos previsionales a tasas del 2 al 14 por ciento anual, con una inflación cercana al 25% no parece, al menos en el corto plazo, un buen negocio para los futuros jubilados. 

Es manifiesto el temor de la Corte por la suerte de esos fondos, tanto como su desconfianza respecto de Diego Bossio, titular de la Anses. Con sobrada razón, Lorenzetti afirmó: 

"Queremos que los jubilados no tengan juicios y acabar con su padecimiento", al tiempo que reclamó a "los poderes del Estado mejorar y facilitar" la vida de los mayores.

Asusta la secuencia de hechos y actitudes impertinente e indigna que, en procura de anuncios demagógicos, se vuelva a saquear los ahorros que los trabajadores y sus empleadores se ven obligados a poner en manos del Estado. 

Hace tiempo que, al hacerlo, el Gobierno empezó a jugar con el futuro de todos. 

Ahora lo está rifando.