BIENVENIDOS AL CLUB DE LOS EXAGERADOS

Hace mas de cincuenta años que me doy cuenta lo que hacen los sucesivos gobiernos para destruir el país pero como el actual ninguno, estos se llevan la palma de oro. 

Mario Omar

 

Pocas y solitarias voces veníamos denunciando y anticipando desde el año 2003 el proyecto bolchevique y dictatorial que encarna la camarilla lúbrica que detenta el poder de la ex República Argentina (Carlos Manuel Acuña dixit) desde que Eduardo Duhalde puso al difunto Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.

Se nos tildaba entonces de “extremistas, apasionados y exagerados”.

Tonterías similares repetía al unísono el periodismo progresista antes de ser ellos mismos los perjudicados ante la evidente restricción de libertades que todos estamos padeciendo.

Y ahora que estamos ante la evidente inminencia de caer en un estado despótico chavista: 

¿qué nos cuenta la amable progresía “disidente” siempre tan servil o funcional a la izquierda radicalizada?; 

¿será que la denominada “extrema derecha” tenía razón entonces?; 

¿a lo mejor los “extremados” estábamos en lo cierto?; 

¿no era tan bueno el avance del Estado paternalista por sobre la libertad individual entonces?; 

¿era verdad que las organizaciones de DDHH no eran tan impolutas sino que tenían un costado delictual y mercantilista?, 

¿resulta que la revisión del pasado esconde algo de mentiras y arbitrariedades?; 

¿será qué la venezualización de la Argentina ya no es una falsa alarma publicitada por “los reaccionarios” sino una amenaza concreta?; 

¿ya no es delirio afirmar que la propiedad privada se encuentra en peligro grave de permanencia entonces?; 

¿acaso suponer que la destrucción de las FF.AA. viene siendo reemplazada por “vatayones” paramilitares ya no es un mero devaneo de los “viejos fragoteros”?;

 ¿los planes sociales ya no son “políticas inclusivas” sino clientelismo mendicante entonces?, 

¿resulta que ahora tomamos nota de que se usa el pasado para encarcelar disidentes sin garantías y sin respeto a los derechos fundamentales?

A todos los sectores progresistas o integrantes del “centrismo optimista” que tanto sea por servilismo como por pretender participar de una “oposición responsable” nos marginaban y nos acusaban de sectarios (haciéndole coro al gobierno), pero que ahora con lucidez tardía estos mismos timoratos repiten lo equivalente a lo que denunciábamos nosotros en soledad desde el inicio de esta tragedia, no le vamos a solicitar que nos pidan perdón y reconozcan el error.

En efecto, no les vamos a enrostrar ni pasar facturas por tamaño desatino ni tampoco les recriminaremos esta indisculpable reacción morosa y extemporánea: 

“es preferible que los giles se aviven tarde antes de que no se aviven nunca” rezaba la sabiduría popular en mi barrio.

Simplemente, con la mejor sonrisa y calidez les diremos a todos quienes ahora repentinamente viven asustados ante las expropiaciones, persecuciones e inminente reformas constitucionales: 

“Bienvenidos al club de los exagerados”.

 JUBILADO…OIGA,  DESPIERTESE, 

LE ESTAN ROBANDO SUS AHORROS, HASTA CUANDO LO VA A PERMITIR O ES QUE YA NADA LE IMPORTA

El saqueo a los jubilados

El Gobierno vuelve a apropiarse de los fondos jubilatorios mientras desobedece a la Corte Suprema, que ordenó actualizarlos

Con el mayor de los desparpajos, el Gobierno acaba de propinar dos fuertes golpes a los actuales y a los futuros jubilados, es decir, a la enorme mayoría de la población. 

El martes anunció que empleará los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para financiar un plan de créditos accesibles para construir viviendas, y el jueves confirmó que seguirá desobedeciendo a la Corte Suprema y no actualizará las 5.600.000 jubilaciones del país aplicándoles el 82 por ciento móvil.

Ambos hechos revisten una inusitada gravedad institucional porque, en primer término, el empleo de parte de los aproximadamente 200.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para un plan de viviendas significa un nuevo saqueo del dinero que pertenece a los jubilados. 

En efecto, hace ya tiempo que el Gobierno se apropió, así, de unos fondos que no son suyos y los transformó en una caja para financiar planes sociales, créditos baratos para empresas, el programa de entrega de notebooks y la compra de bonos para cubrir el déficit del Tesoro, desnaturalizando por completo la función de la Anses al politizarla y, al mismo tiempo, malversar el dinero de los aportantes al servicio previsional.

En segundo término, al rebelarse ante lo dispuesto por la Corte Suprema, el Gobierno se coloca por encima de la Justicia y, al burlarse del máximo tribunal, se mofa también de los jubilados al no otorgarles lo que legítimamente les corresponde. 

No se los otorga porque, también a cara descubierta y con el mayor de los desparpajos, desvía esos fondos para hacer política a costa de los ingresos de uno de los sectores más castigados y más vulnerables.

De esa manera, muchos de quienes han trabajado y aportado toda su vida se ven obligados a iniciar juicios para intentar la actualización de sus haberes, con la consiguiente pérdida de tiempo y la merma de sus escasos ingresos para pagar abogados.

Hay más de 300.000 juicios en marcha, pero la odisea judicial no termina para los jubilados litigantes con el fallo favorable de primera instancia, ni siquiera con el de segunda instancia, pues aún entonces la Anses demora los pagos, tal vez especulando con el paso del tiempo y el futuro fallecimiento de sus acreedores. 

Son muchos los jubilados que mueren habiendo obtenido la razón de la Justicia, pero sin haber logrado cobrar lo que se les adeudaba.

La Anses, que no cumple con la Justicia ni con la sociedad, tampoco lo hace con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la que se había comprometido a no recurrir los fallos favorables a los jubilados en primera instancia.

Este sadismo parece constituir una firme política del Gobierno y para su consecución no duda en desafiar a la Corte Suprema. 

El miércoles último, el máximo tribunal había intimado a la Anses a informar en 30 días cuál es el atraso en el pago de las jubilaciones; los nombres de todos los beneficiarios de haberes elevados y la forma en que la Anses invierte los recursos que administra el FGS.

El tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti realizó esta intimación al día siguiente de que la Presidenta anunciara el plan de construcción de viviendas a costa de las jubilaciones. 

En efecto, prestar fondos previsionales a tasas del 2 al 14 por ciento anual, con una inflación cercana al 25% no parece, al menos en el corto plazo, un buen negocio para los futuros jubilados. 

Es manifiesto el temor de la Corte por la suerte de esos fondos, tanto como su desconfianza respecto de Diego Bossio, titular de la Anses. Con sobrada razón, Lorenzetti afirmó: 

"Queremos que los jubilados no tengan juicios y acabar con su padecimiento", al tiempo que reclamó a "los poderes del Estado mejorar y facilitar" la vida de los mayores.

Asusta la secuencia de hechos y actitudes impertinente e indigna que, en procura de anuncios demagógicos, se vuelva a saquear los ahorros que los trabajadores y sus empleadores se ven obligados a poner en manos del Estado. 

Hace tiempo que, al hacerlo, el Gobierno empezó a jugar con el futuro de todos. 

Ahora lo está rifando.

¡¡DIGNIDAD OFENDIDA!!

Los jubilados  argentinos, somos tristes espectadores de una preocupante actitud por parte de quienes nos gobiernan,  y que nos perjudica considerablemente, ya que ofende nuestra dignidad  y nos faltan el respeto en nuestra  condición de Adultos Mayores, al no querer reconocer nuestros derechos establecidos claramente en nuestra Constitución Nacional y en lo sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo es la inmediata restitución del 82% móvil.

 Y que nos condena injustamente a una vida de privaciones, la que en no pocas veces nos lleva la vida, es tan cierto esto, que la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intimado al Gobierno Argentino a dar cumplimiento a lo sentenciado por la justicia argentina, so pena de declararla como VIOLADORA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los Jubilados Aportantes del país, no reclamamos dádivas ni tampoco fondos del Estado, 

Reclamamos nuestros dineros aportados durante toda la vida, 

en base a una ley de jubilaciones que dice que las recaudaciones  son únicamente para el pago de los haberes a los jubilados que APORTARON, 

y que hoy el estado perverso se los apropia para incrementar el clientelismo político, 

fomentando la cultura de la vagancia y de la ociosidad, “madre de todos los males” a través de los distintos planes sociales, que todos conocemos, o la construcción de obras públicas cargadas de sospecha de sobre precios. 

Lo que ha motivado a la mesa nacional de jubilados a entablar una demanda penal por malversación alevosa de los dineros del ANSES. 

Violando la ley 46425 en su artículo 8 del fondo de garantías sustentables. 

Responsabilizando por esta maniobra a AMADO BOUDOU Y A DIEGO BOSSIO.

Los Jubilados argentinos, observamos atónitos como se desfinancia el sistema y como se pone en riesgo nuestro futuro. 

 Es por ello que “con la fuerza de los que no se resignan” Alertamos a todos los jubilados a estar atentos y estar dispuestos a movilizarnos para defender nuestros derechos y nuestra DIGNIDAD.

Justo López                                  Pedro Landa                 Dr. Gregorio Sánchez

Sec. de actas                                 Vicepresidente                   Presidente   

ES UNA VERGÜENZA 

QUE LOS JUBILADOS DEBAN TRIBUTAR GANANCIAS CUANDO LOS QUE MAS APORTARON SIEMPRE HAN TENIDO QUE PAGAR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DURANTE SU VIDA LABORAL.

CRECE LA PRESION TRIBUTARIA

Sigue el mismo tope, y deben pagar Ganancias 350 mil trabajadores más

Se sumarán al 1,5 millón ya alcanzado por el impuesto. 

El Gobierno no actualiza el límite a partir del cual se paga.

Mientras que el Gobierno sigue sin concretar la actualización del "mínimo no imponible", aumenta el número de personas que tendrán que pagar el impuesto a las ganancias. 


Así,  este año otros 350.000 trabajadores que hasta ahora no estaban alcanzados por el impuesto pasarán a pagar ganancias. 


 Y otro millón y medio que ya estaba alcanzado pasará a pagar mucho más.


El mismo efecto se hará sentir sobre unos 40.000 jubilados que desde marzo pasado empezaron a pagar ganancias que antes no pagaban y otros 200.000 que estaban pagando y pasan a tributar más.


Esto también afecta al cobro del salario familiar: hay otros 200.000 trabajadores que dejarán de cobrar las asignaciones familiares equivalentes a 400.000 chicos, porque no se ajustó la escala correspondiente.

CUANDO LAS CUENTAS NO CIERRAN

Migajas a los jubilados millones para el Gobierno

Un informe de Idesa, realizado sobre datos oficiales, reveló que los fondos de la Anses siguen siendo una de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno nacional para tapar el déficit fiscal. 

En 2011 fueron $22.699 millones mientras el Gobierno analiza aumentos de la mínima que no superarían el 15%.

 El excedente de la ANSES fue $22.699 millones (Fuente: Idesa)

• El excedente de la ANSES fue $22.699 millones (Fuente: Idesa)

El estudio de la consultora Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), conocido este lunes (30/01) sobre la base de datos oficiales alerta sobre el alarmante déficit fiscal que siguen financiando la Anses y el Banco Central de la República Argentina.

A poco de que la Presidente de la Nación anuncie un nuevo aumento en las jubilaciones mínimas que rondaría entre el 12% y el 15% (según publica el diario Clarín), los excedentes de fondos del Anses siguen teniendo como prioridad los préstamos al Estado antes que a los jubilados que tienen miles de demandas ante el Estado y cobran jubilaciones que no cubren la canasta básica de alimentos.

Ese excedente del Anses sigue financiando al Gobierno nacional para esconder las verdaderas cifras del déficit fiscal que ascendería a $ 65.599 millones.

A continuación el informe completo realizado por Idesa:

La solvencia fiscal es condición necesaria para sostener un proceso de desarrollo social. 

Por eso es preocupante la actitud de las autoridades económicas de anunciar un supuesto superávit fiscal cuando la realidad es que se ha llegado a una situación en que, ni con las apropiaciones sobre la ANSES y el Banco Central, alcanza para financiar al sector público. 

Más allá de que la situación no sea explosiva en el corto plazo, es de alta prioridad mejorar la calidad en la gestión del Estado. 

Uno de los pasos esenciales e iniciales en este sentido es restablecer la seriedad en la difusión e interpretación de la información sobre las cuentas públicas.

El Ministerio de Economía anunció que el sector público nacional cerró el año 2011 con un superávit de $4.920 millones. 

Como ocurre desde hace varios años, la declaración se realizó enfatizando que uno de los pilares del modelo económico imperante es la solidez en las cuentas públicas.

Más allá de la pertinencia de reconocer la importancia de la sustentabilidad de las finanzas públicas, la realidad que muestran las cifras oficiales, en sentido contrario a lo anunciado, es que hay una gran precariedad fiscal.

El monto que anuncian las autoridades como “superávit” es el resultado  primario, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses de deuda pública.

La suma que el sector público nacional pagó en intereses en el año 2011 fue de $35.584 millones. 

Cuando se computa este concepto se llega a un déficit de $30.664 millones. 

Este monto representa aproximadamente 1,7% del PBI; el mayor desde el año 2002.

Pero lo más importante es que en estos cálculos se consideran como ingresos las transferencias de la ANSES, del Banco Central y otros organismos públicos. 

Según los propios datos oficiales del Ministerio de Economía, que se publican junto con los anuncios del “superávit”, surge que estos recursos extraordinarios fueron los siguientes:

El excedente de la ANSES fue $22.699 millones ($11.154 millones por rentas del FGS, básicamente, y $11.545 millones de excedentes de ingreso y gasto previsional).

Desde el Banco Central y otros organismos se transfirieron $12.236 millones.

Esto significa que, sin los excedentes de la ANSES, el Banco Central y otros organismos, el desequilibrio fiscal asciende a $65.599 millones.

Los datos oficiales delatan –en oposición a los anuncios– un muy severo proceso de deterioro de las cuentas públicas. 

No sólo que el sector público está lejos del “superávit” declamado, sino que el desequilibrio entre los ingresos genuinos y el gasto público alcanzan a $66 mil millones ó el 3,6% del PBI aproximadamente. 

Este desequilibrio es asimilable al del año 2001, que, según los datos del Ministerio de Economía, fue de 3,2% del PBI, ó al déficit fiscal de Italia que, en crisis, se estima en 4% del PBI. Para financiar parte de este enorme desequilibrio, desde la ANSES, el Banco Central y otros organismos se generan $35 mil millones que alcanzan para financiar el 53% del déficit.

Tratar de disimular la insolvencia del sector público con anuncios “optimistas” no es una acción responsable ni sostenible. Pero más cuestionable y preocupante aún es que se llegue a semejante desequilibrio cuando la presión impositiva del sector público nacional ha alcanzado un récord histórico, pasando de un 20% en el año 2002 al 35% en el año 2011. 

En otras palabras, los ciudadanos nunca pagaron tantos impuestos, sin embargo, el desequilibrio de las cuentas públicas es el más elevado de la última década.

No menos preocupación causan las formas espurias de financiamiento de este desequilibrio. 

El excedente de la ANSES es el resultado de la violación a la movilidad de los haberes previsionales. 

Esto genera cientos de miles de juicios cuyo pago el organismo previsional difiere dilatando al extremo los procesos judiciales. Las rentas de la ANSES son el resultado de la expropiación de los ahorros previsionales ocasionada con la eliminación del régimen de capitalización. 

Estos fondos –ahora destinados a financiar el déficit fiscal– en una gestión responsable deberían ser capitalizados para respaldar las futuras jubilaciones. En igual sentido, las reservas del Banco Central deberían priorizarse para respaldar el dinero emitido.

La premura manifestada por el gobierno por reducir los subsidios, aunque implique la impopular acción de ajustar las tarifas que paga la población, delata el convencimiento que la situación fiscal es insostenible. 

 Sin embargo, las acciones carecen de la integralidad, calidad e intensidad que demanda esta profunda crisis del sector público argentino. 

El deterioro acumulado, no sólo con la expansión de los subsidios sino también con crecimiento espurio del empleo público, beneficios previsionales y otras erogaciones, demanda un audaz proceso de modernización del Estado. 

Para ello, un paso “fundacional” sería restablecer la seriedad en la difusión e interpretación de la información sobre las cuentas públicas.

MALVERSACION DE DINERO A JUBILADOS

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 26.425

Ahora denuncian penalmente a Boudou y Bossio por malversación de dinero de jubilados

Tras denunciar el pasado 13 de abril ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la violación del acuerdo por el cual la Anses y el Gobierno se comprometieron a no dilatar más expedientes judiciales, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, adherida a las 62 organizaciones —liderada por Rubén Gioaninni y con el patrocinio del abogado Fabián Bergenfeld— denunciará ahora penalmente a los directivos de la Anses por malversación de los fondos de la denominada “clase pasiva”.

Se acusa principalmente a Amado Boudou y a Diego Bossio, quienes como directores de ese organismo entregaron fondos para comprar electrodomésticos, para el programa “Futbol Para Todos” y “Automovilismo Para Todos”, para la compra de computadoras y/o para otorgar subsidios para la niñez.

Todos esos destinos, violan flagrantemente a lo establecido por el artículo 8 de la ley 26.425, sancionada en 2008 para estatizar los fondos, que establece que “la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del sistema integrado previsional argentino”.

Se le solicita además al juez penal, que cite a declarar a los miembros de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, y que, de no haber controlado el destino de los fondos —de acuerdo a su obligación establecida en el art. 11 de la ley 26.425— se los procese por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público o, eventualmente, por asociación ilícita.

LA REALIDAD DEL KIRCHNERISMO.

CRISTINA NO QUIERE A LOS JUBILADOS

JUBILADOS, CASTIGADOS POR CRISTINA Y EL KIRCHNERISMO

Mientras que en el año 2002, antes de la llegada de los Kirchner a la Casa Rosada, el 33% de los jubilados percibía el haber mínimo, actualmente dicha participación es del 75%.  

• Jubilados, castigados por Cristina y el kirchnerismo.

"Hubo un evidente achatamiento de la pirámide previsional, que en realidad fue un ajuste monumental pagado por el bolsillo de los jubilados. 

Por ejemplo, una persona que se jubiló hace 20 años, habiendo realizado aportes que le permitían ganar un haber equivalente a dos jubilaciones mínimas, actualmente está percibiendo la mínima, apenas $ 1.687 (poco más de US$ 400), equivalente al 33% del salario promedio que cobran los trabajadores activos."

"Actualmente, hay casi 500 mil juicios iniciados que hicieron colapsar los juzgados federales y cuyas sentencias son  pagadas con una escandalosa demora por parte del Estado. 

Todos los días, en el país, mueren abuelos sin haber podido lograr que el Estado cumpla con lo que dispone la Justicia."

"Una jubilación mínima en la Argentina no llega a cubrir el costo del alquiler de un departamento de 2 ambientes (...). 

Y lo que es aún más preocupante es que la situación tenderá a profundizarse en los próximos años, dado la prácticamente nula generación de empleo genuino durante la administración que hubiese mejorado la sustentabilidad del sistema."

"En los años ‘50, en la Argentina, había 10 trabajadores aportantes por cada jubilado, y actualmente esa proporción se redujo a 1,5 por cada pasivo. 

Esta situación revela un componente contributivo (haberes menos contribuciones) insolvente, con un déficit que ronda los $ 20.000 millones por año, que, se estima, seguirá creciendo ante la falta de generación de empleo genuino."

La estatización de las AFJP en el año 2008 (...) permitió robustecer el Fondo de Sustentabilidad. 

Pero (...) con ese fondo se paga la asignación universal por hijo, se compran las netbook que se distribuyen en las escuelas y hasta el programa LCD (televisores) para todos. 

Es decir, el Gobierno condena a los jubilados a cobrar haberes de hambre para llevar adelante planes que deberían estar sustentados con otros recursos del Estado."

"La expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol por parte del Gobierno está generando efectos acaso no calculados en el plan oficial, uno de ellos, la pérdida de unos US$ 500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aglutina activos destinados a financiar a los futuros jubilados. 

Las pérdidas se produjeron al derrumbarse las acciones que la Anses tiene en las principales empresas del país, una herencia de las desaparecidas AFJP. 

La cotización de las acciones en la Bolsa local cayeron entre 10% y 20%, y con esa pérdida disminuyó sensiblemente el valor del fondo previsional."

“No pagar las sentencias es una decisión política del Gobierno.

Nosotros propusimos una solución integral que consistía en pagar las sentencias y actualizar las jubilaciones con una quita de la retroactividad, pero el Gobierno se negó a aceptarlo. 

La realidad es que la solución se torna cada vez más compleja”, dijo (...) el sociólogo Sergio Fiscella, experto en temas previsionales (...)."